La expansión de la pandemia por COVID-19 en todo el mundo, no sólo ha generado una situación crítica para la humanidad, sino que ha develado la fragilidad y deficiencias estructurales de los distintos sistemas de salud y las políticas públicas en todo el mundo. En nuestro país particularmente, se adelantó la medida de aislamiento social preventivo y el cierre de fronteras, bajo la premisa de que el sistema de salud no daría abasto. El vaciamiento y la destrucción de la salud pública en nuestro país, amerita cambios de paradigmas y reformas a fondo para lograr la atención de las grandes mayorías. Es una tarea garantizar que esta crisis, nos permita plantear las discusiones de cómo construir ese sistema de salud que el pueblo necesita y merece.
De dónde partimos
En 1949 se creó el Ministerio de la Salud de la Nación, con Ramón Carrillo como el primer ministro de Salud Pública que tuvo nuestro país. De aquella gestión data la construcción del 80% de los servicios de salud que tenemos en la actualidad y la creación de un sistema público, universal y gratuito. Desde ese momento a esta parte, la salud pública ha padecido una larga historia de desfinanciamiento y precarización de sus trabajadores, condensándose en dos importantes problemas: su alto grado de fragmentación y segmentación.
La fragmentación está dada por la división en tres sectores: el sistema público (del cual depende 1 de cada 3 argentinxs), el sector de las obras sociales, que creció a partir de los años 70` cuando se hizo obligatorio el aporte a una obra social por parte de los trabajadores en relación de dependencia y el privado, que incluye a un centenar de empresas de medicina prepaga.
Por su parte la descentralización y segmentación se profundizó con la reforma constitucional de 1994, dejando bajo la órbita de las provincias la gestión de los hospitales y de los municipios, los centros de atención primaria de la salud. Profundizando así la desigualdad existente entre las distintas jurisdicciones. Un ejemplo: en la capital del país hay 10,2 médicos y 7,3 camas por cada 1.000 habitantes, frente a 1,2 y 1,1 respectivamente para la provincia de Misiones.
Si hacemos un breve recorrido durante las últimas décadas, podemos observar en nuestro país y en el mundo, una salud pública tradicionalmente fundada en los principios de la salud global liberal y la salud panamericana internacional, líneas históricas de la OMS y OPS, respectivamente. Estos organismos supranacionales continuamente han impregnado, sobre todo desde los años 70 y 90, de políticas neoliberales todas reformas sanitarias de los Estados, ponderando las lógicas mercantiles de seguros privados, promoviendo el lobby del fuerte complejo médico-farmacéutico-industrial y profundizando el modelo biomédico asistencialista.
Durante el menemismo, se destruyeron decenas de miles de puestos de trabajo formales, se avanzo con privatización generalizada de servicios y se le dio libertad a lxs trabajadores para asociarse a las prepagas (bajo la premisa de que las obras sociales funcionaban como “tapón” del desarrollo del sector privado) por lo que lxs trabajadores con mayores ingresos migraron al sector privado dejando las obras sociales desfinanciadas (acompañado de una ofensiva ideológica en donde lo privado era eficiente y superior a lo público).
Si bien durante el kirchnerismo se avanzaron con algunas medidas que beneficiaban a los sectores más postergados, bajo la adhesión a los lineamientos del Banco Mundial, FMI y BID, se perpetuó el desfinanciamiento del Sistema de salud público, postergando un abordaje integral y planificado de las problemáticas de nuestra población.
Durante la gestión del macrismo, se agudizo drásticamente el desfinanciamiento y la precarización y por supuesto no se resolvieron los problemas heredados. A modo de ejemplo, en 2018 se presupuestó el gasto en salud en $56.486 millones, mientras que OSDE (la empresa de medicina prepaga más grande) facturó ese mismo año $ 82.700 millones. Como corolario, en los cuatros años de la gestión anterior, el presupuesto en salud fue reduciéndose del 2,3% en 2015 al 1,7% en 2019, cerrando el último año, con la disolución del propio Ministerio de Salud.
Queda demostrado entonces que desde hace varios años, fortalecer el sistema de salud público dejó de ser la prioridad para los gobiernos, y así lo viven sus trabajadores: sobreabunda el trabajo no registrado, los salarios básicos no cubren la canasta familiar, se trabaja de manera precarizada, sin insumos básicos, con condiciones edilicias paupérrimas que ponen en riesgo su propia salud y la de lxs pacientes. Ante la falta de presupuesto y las malas condiciones laborales, lxs trabajadores de la salud terminan siendo absorbidos por el sector privado; por la falta creciente de personal, se exigen jornadas de trabajo por demás extensas y guardias que muchas veces superan más de 24 hs, lo que conlleva a estrés laboral y enfermedades físicas y psíquicas. Esta situación se profundiza en enfermerxs, concurrentes y residentes, quienes vienen llevando adelante importantes luchas para su reconocimiento como profesionales y trabajadores de la salud. Se suman a todas estas falencias, la dificultad de acceso a centros de salud por parte de los sectores populares, que afrontan día a día el colapso del sistema sanitario y la desinversión de programas de prevención y promoción de la salud.
El impacto de la pandemia
A esta realidad, se le suma ahora, la pandemia por COVID-19 que se expande por el mundo y llega a nuestro país. Es entonces que nos encontramos con serios problemas para enfrentarla. Porque años de políticas de ajuste, con presupuestos misérrimos han convertido a la salud pública en un sistema en crisis. Es decir, que lo que ya era un problema antes, ahora se vuelve aún más crítico debido a la pandemia.
Ante este panorama, enfrentar la pandemia requiere intervención estatal para garantizar por un lado la atención, el diagnóstico y el tratamiento de todxs lxs afectados, fortaleciendo e invirtiendo en el sistema de salud público e interviniendo y centralizando el accionar del sector privado. Por otro, garantizar el sostén de millones de personas que deben cumplir la cuarentena obligatoria sumiéndose en situaciones de pobreza alarmante.
Las medidas de emergencia tomadas por el gobierno como abastecer de insumos, la ampliación de camas disponibles (Argentina cuenta con apenas 8.444 camas de terapia intensiva en todo el territorio del país -sumando el sector público y el privado- a las que el gobierno apunta sumar otras 2.000), la contratación de más profesionales, la descentralización de los centros de testeo, el bono especial otorgado para lxs trabajadorxs de la salud, etc., son medidas útiles e imperiosas pero resultan insuficientes en tanto no se revisen los problemas estructurales. En los largos días de cuarentena el reconocimiento social de a lxs trabajadores de la salud se hizo sentir en los aplausazos de las noches y en la redes sociales, lo que no debe cristalizar una imagen de héroe individual, sino que tiene que evidenciar la necesidad de profundizar las luchas para que esxs trabajadores que hoy cumplen tareas esenciales, salgan de esta situación con más derechos, mejores condiciones laborales y un sistema de salud público, gratuito y de calidad.
La salud pública salva, siempre
Hace muchos años que grandes empresarios se enriquecen lucrando con la salud privada y productos farmacéuticos a costa del saqueo de la salud pública. Hace muchos años que la salud pública se ha convertido en la salud de lxs pobres. Hace muchos años que el derecho a la salud es exclusivo de unos pocos. Millones de personas empujadas a la pobreza extrema, trabajo precarizado, despedidxs, familias hacinadas que sólo pueden hacer sus consultas en salitas vaciadas u hospitales desbordados, a donde no llegan los medicamentos básicos. Lugares que se caen a pedazos por falta de inversión. Lugares que desde hace mucho tiempo nadie se acuerda, en donde trabajan profesionales en pésimas condiciones. Hoy la Emergencia Sanitaria nos hace poner la mirada de nuevo en el sistema público. Este sistema desechado por años, ahora es pieza fundamental para combatir la pandemia.
Esta emergencia debe profundizar la disposición de todos los fondos necesarios para recursos, aparatología, insumos para los hospitales públicos, como así también el aumento salarial de lxs trabajadorxs de la salud y la ampliación de las plantas de los hospitales. La centralización del sistema de salud nacional, en un sistema único estatal que garantice el acceso universal al derecho de la salud de todas las personas, es una política a conquistar.
En este marco es preciso también avanzar en el control de la producción y administración de todos los insumos necesarios para enfrentar la crisis y en la eliminación del sistema de patentes sobre medicamentos. Financiar y fortalecer el sistema científico nacional y ponerlo a disposición de las necesidades populares debe volverse una prioridad.
La participación de los profesionales de la salud en este proceso de transformación del sistema de salud pública se vuelve fundamental. El sistema de salud tiene que ser del pueblo y para el pueblo y para ello es necesario fortalecer los mecanismos de atención y de prevención y promoción de la salud, fomentando el trabajo interdisciplinario y vinculando las condiciones económicas, sociales y culturales de la población para construir una verdadera salud popular.
Nos preceden años de importantes luchas y organización en defensa de la salud pública, que nos deben impulsar a profundizarla. Hoy esta crisis puede convertirse en una oportunidad para lograr nuevos pisos de conciencia social, sobre la importancia de un sistema de salud público fuerte, con salarios dignos para sus trabajadorxs y adecuadas condiciones. Para que no seamos los sectores populares quienes debamos poner en juego nuestra vida, ante la ineficiencia estatal de garantizarnos un derecho tan elemental como el de la salud. Cuando superemos la pandemia, demostremos que hemos aprendido esta gran lección: la salud pública salva, es hora de salvarla a ella.