La ciencia pública, así como la salud y la educación, es un sector permanentemente golpeado por el desfinanciamiento y la precariedad. Sin embargo, la situación de emergencia sanitaria ha vuelto a atraer la atención del Gobierno Nacional. Lejos de las declaraciones del ex ministro Barañao, quien afirmaba que un país con 30% de pobreza no podía darse el lujo de invertir en la ciencia básica, hoy se ha puesto de manifiesto que la epidemiología, la matemática, la virología, la biología celular, la infectología, la farmacología, así como también las ciencias sociales, tienen un rol clave en nuestra sociedad. Sin ir más lejos, hace pocas semanas lxs científicxs argentinxs fueron noticia destacada por el desarrollo de un test rápido para detectar COVID-19, a partir del trabajo realizado en el Instituto Leloir. Al igual que ocurrió con el sistema sanitario, la pandemia también puso en evidencia la importancia del sistema científico público.
Por eso es importante comprender la situación laboral de quienes llevan adelante dicho sistema. Desde la aplicación del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), la posición de las diferentes autoridades del sistema científico argentino ha sido procurar el “teletrabajo”. Sin embargo, esta salida no ha sido respaldada de ningún modo más que por el “permiso” de trabajar desde el propio domicilio. el trabajo a distancia no reemplaza al trabajo. Esto resulta evidente en lo que respecta a instrumentos de laboratorio o seres vivos. Cultivos celulares, cepas, animales de laboratorio, no pueden atenderse desde el sillón y requieren atención ininterrumpida. Esto lleva a trabajadorxs (en su mayoría, becarixs) a suspender el aislamiento con permisos especiales o a que se pierdan meses o años de trabajo acumulado por la desatención. Tampoco resulta posible el trabajo con población y/o documentación física alejada del domicilio del investigadorx.
Además la mayoría de quienes realizan tareas de investigación lo hacen como becarixs, quienes perciben una remuneración menor a la canasta familiar. Además, no son reconocidos como trabajadores, por lo que carecen de derechos laborales básicos como son aguinaldo, obra social, aportes jubilatorios o licencias por paternidad. En este contexto, la situación se ve agravada por el incumplimiento de las cláusulas gatillo, aumentos por debajo de la inflación o directamente congelados, en línea con la situación del conjunto de los trabajadores estatales.
En el CONICET, las autoridades mantienen las fechas habituales para la presentación de informes, pese a los cuestionamientos de la propia comunidad científica. Además, las nuevas altas de becas están frenadas de hecho, lo que impide a muchos trabajadores el cobro del salario y la cobertura de salud correspondiente cuando más lo necesitan, y las prórrogas vigentes están sumidas en la incertidumbre.
Se agrega a esto la larga espera por la repatriación de decenas cientificxs (en su mayoría, nuevamente, jóvenes becarixs) varados en el exterior, situación frente a la cual las respuestas de las autoridades del sector (el Directorio de CONICET y el Rectorado de la UBA, fundamentalmente) vienen siendo deficientes. Recordamos que no se trata de vacaciones pagas, sino de viajes de trabajo e investigación interrumpidos por la pandemia que fueron financiadas y promovidas por el Estado.
Por todo esto, nos sumamos y acompañamos a los reclamos de las organizaciones de trabajadorxs de ciencia: Prórroga para las Becas en curso y licencias vigentes que contemplen la totalidad del ASPO, licencias de cuidado para las becarias y los becarios que tengan hijos/as y personas del grupo de riesgo a cargo y repatriación inmediata de investigadorxs en el exterior.