El tiempo de cuarentena decretado ante la pandemia del COVID 19 lleva más femicidios que días. 13 son las mujeres que fueron asesinadas a partir de las medidas de aislamiento adoptadas por el gobierno. Lo cierto es que desde las organizaciones feministas y populares reconocemos como muy importantes las medidas de cuarentena y cuidado resueltas por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria, pero advertimos que en la Argentina existen realidades que no se acomodan a las escenas visibilizadas mayoritariamente en los medios de comunicación. 

En nuestro país hay millones de personas que viven en barrios precarios o conventillos en condiciones de hacinamiento, donde no es posible físicamente concretar la cuarentena, sin contar quienes se encuentran en situación de calle. Otras tantas no tienen cómo subsistir si no salen a buscar el mango. Y otras viven situaciones de violencia, viéndose obligadas en este contexto a estar encerradas con su agresor.

#Quedateencasa hoy significa para muchas mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binares, incrementar su exposición a la violencia machista. También lo es para miles de niñes víctimas de abusos sexuales. Según el Observatorio Mumalá, el 62% de los femicidios de los últimos 10 años fueron cometidos en la casa de las propias víctimas o en la vivienda compartida con el agresor. A su vez entre el 20 y 29 de marzo se incrementaron un 60 % los llamados a la línea 144. La situación empeora en los barrios populares donde el hacinamiento en los hogares no hace fácil vivir la cuarentena, y donde las fuerzas de seguridad descargan hostigamiento y represión.

En los últimos días se registraron bastantes intentos de desalojos a personas trans que alquilan piezas en hoteles. Los propietarios se abusan queriendo aumentar el alquiler o diciendo que la prohibición de desalojo no les resguarda porque no hay contrato de por medio. La mayoría de las personas trans viven de la prostitución por lo tanto no pueden generar ingresos en este contexto. Es por esto que se han organizado colectas de comida y se le exige al gobierno que garantice bolsones de alimentos para quienes están imposibilitades de generar ingresos. En este sentido, a través del INADI vía el Ministerio de Desarrollo Social se estableció la asistencia alimentaria a personas travestis y trans a través de su incorporación a programas sociales.

En este marco las organizaciones feministas y populares debemos discutir sin resquemores las necesidades del movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binares, y estructurar un pliego de exigencias para el sector en un contexto de extrema emergencia como el actual.

Somos conscientes del estado de nuestro país tras cuatro años de macrismo y valoramos medidas como la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y, más recientemente en el marco de la emergencia sanitaria, el ingreso familiar de emergencia, lo que demuestra que es el propio Estado quien reconoce la existencia no solo de una enorme masa de trabajadorxs informales, que vive al día y sin ninguna protección social, sino además que una importante porción de la misma son mujeres y personas LGTBQ+. Pero en una situación de emergencia como la que este sector atraviesa las medidas no alcanzan y es necesario exigir nuevas iniciativas que reviertan este estado dramático. Como se menciona en relación al coronavirus, son situaciones de vida o muerte.

El pasado 29 de marzo se impulsó en todo el país un masivo ruidazo denunciando la enorme cantidad de femicidios que no cesan. En respuesta, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad lanzó una campaña llamada “barbijo rojo”, como alternativa de denuncia en caso de ineficacia de la Línea 144 y las nuevas líneas de whatsapp. La medida, en coordinación con la Confederación Farmacéutica Argentina busca que las farmacias (abiertas por ser un servicio esencial en el marco de la cuarentena) vehiculicen con la Línea 144 las denuncias en caso de que mujeres se acerquen y activen un código al solicitar un “barbijo rojo”. Desde algunos sectores se puso en discusión la efectividad de la propuesta (al difundirse masivamente el “código” utilizado o por no estar capacitado a tal fin el personal de las farmacias), pero en donde creemos que no hay discusión es en la insuficiencia de dichas medidas al no estar contempladas en un plan integral de protección de todas aquellas personas en situación de violencia.

La extensión de las medidas de protección temporal impulsada en el grueso de las provincias de nuestro país debe complementarse con iniciativas que faciliten el acceso a la justicia. Denuncias virtuales (como ya se implementó en CABA, Provincia de Buenos Aires y Mendoza) y la articulación con los espacios comunitarios que tejen redes en los barrios más vulnerables, son medidas por demás necesarias.

En un contexto de extrema urgencia, donde se ponen en evidencia las contradicciones entre lo público y lo privado, entre las lógicas de preservación de la vida y las de preservación de las ganancias, la situación de extrema vulnerabilidad que vive una enorme porción de nuestro país (se acaban de conocer los datos del INDEC del 2019: 35% de pobreza y 8% de indigenica, 16 millones de personas y 3,5 millones respectivamente), son necesarias propuestas que realmente prioricen los recursos hacia los sectores más postergados. Necesitamos superar la simple administración de lo existente para dar un salto hacia medidas de mayor radicalidad. Ahora es cuándo.

Resulta urgente que se vuelquen importantes recursos para atender al impacto de la conora-crisis desde una perspectiva de géneros. Es por esto que el movimiento feminista reclama la declaración de la emergencia en violencia de género. Y en dicho marco, desplegar un Plan Nacional que contemple medidas para atender la situación económica, social, sanitaria, habitacional y judicial de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binares. Pero también que termine con la situación de extrema precarización laboral que viven cientxs de trabajadorxs de la Línea 144 y de los Refugios y Hogares. Esas compañeras que están en la primera fila en la batalla contra la violencia machista perciben salarios de miseria, por debajo de la línea de la pobreza, no cuentan con la mínima contención profesional (supervisiones), ni con medidas e insumos básicos de protección sanitaria.

Es en este marco que como parte del movimiento feminista y las organizaciones populares proponemos:

-Suspensión del pago de la deuda externa. Todos los recursos estatales deben estar destinados a atender la emergencia sanitaria con prioridad en las poblaciones más vulnerables.

-Declaración de la emergencia en violencia de géneros y despliegue de Plan Nacional contra las violencias con motivo de género.

-Más presupuesto para la Línea 144, para hogares y refugios. Planta permanente a todxs sus trabajadorxs. Aumento de salarios, jornadas rotativas y guardias. Garantía de insumos de higiene y cuidados básicos.

-Ante la insuficiencia de los hogares existentes para personas en situación de abuso, violencia y/o trata, apertura de plazas hoteleras para personas en situación de violencia.

-Más alimentos e insumos de higiene para instituciones y espacios comunitarios que protegen a mujeres y personas LGTBIQ+.

-La ILE es una urgencia. Implementación de la ILE y entrega de Métodos Anticonceptivos en todos los centros de salud a nivel nacional.

-Continuidad en la cobertura de todos los tratamientos hormonales para personas trans y de VIH y marcha atrás con los recortes que sufrieron estas políticas con el macrismo. La salud de las personas LGBTIQ+ también es salud pública!

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