Luego de que el conflicto adquiriera creciente visibilidad por las protestas frente a los cortes reiterados y por la profundización de esta demanda por varias organizaciones del campo popular, sumado al reclamo de intendentes del conurbano, el ENRE multó a la distribuidora eléctrica. ¿Es suficiente?
La multa, focalizada en los incumplimientos del 2018 y 2019, reconoce lo que miles de bonaerenses vienen denunciando hace años y se vio profundizado los últimos meses. Un servicio ineficiente, carente de las inversiones necesarias y con cortes permanentes en los momentos más necesarios. Y como contracara: elevadas facturas habilitadas mediante la dolarización durante el macrismo.
Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la empresa que multiplicó exorbitantemente sus ganancias durante la gestión anterior (en tan solo el 2019 embolsó 12.600 millones de pesos) dejó más de 40.000 reclamos pendientes. “Se tuvo en consideración el reclamo de usuarios y usuarias, los informes presentados por la distribuidora y los resultados de las inspecciones llevadas adelante por el organismo”, afirman desde el ENRE. Es en base a esta situación, y la falta de respuesta a los requerimientos del organismo, que la multa impuesta representa $ 167,8 millones.
Sobre la base de que se ratifica el incumplimiento de sus responsabilidades como prestadora energética, y sin indicios de que la empresa revierta la situación arrastrada durante 28 años, es necesario que el Estado asuma una intervención decisiva.
En medio de un invierno y una pandemia mundial, en miles de hogares la electricidad es fundamental para calefaccionar, para acceder al agua, para el acceso a la educación en estos marcos, en fin: para el desarrollo de una vida digna. Para garantizar el derecho a que 2,5 millones de usuarios dependientes de la firma, accedan a este servicio fundamental en momentos tan complejos, la estatización con participación popular es el camino necesario.