Casi de forma simultánea, el Poder Judicial de Ecuador y Bolivia ratificaron la prohibición de las candidaturas de Rafael Correa y Evo Morales. Lejos de tratarse de una casualidad o de eventos aislados, esta avanzada judicial se enmarca en la sostenida ofensiva imperialista y derechista contra los pueblos de nuestro continente. Es tarea de primer orden la unidad latinoamericana para enfrentar toda forma de intromisión imperialista.
El lunes 7 de septiembre, el Tribunal Constitucional boliviano inhabilitó la candidatura a Senador de Evo Morales. Al unísono, en Ecuador, la Corte Suprema proscribió la candidatura a vicepresidente del líder Rafael Correa, además de inhabilitarlo por 25 años para ejercer cargos públicos. Estos fallos son tácticas del llamado lawfare, o guerra judicial, que es nada más y nada menos que el intervencionismo promovido por el Departamento de Estado norteamericano. Este modus operandi en la política exterior de Estados Unidos se ancla en dos fuertes formas de poder que operan en las naciones: los poderes judiciales locales y los medios de comunicación afines. Por un lado, la “justicia” se encarga de armar causas, generalmente basadas en casos de corrupción, y por otro lado los medios promueven campañas de desprestigio, arengando a los sectores sociales más reaccionarios, en contra del líder o lideresa a golpear.
En nuestro continente existen sobrados antecedentes de este tipo de operaciones combinadas, como la operación Odebrecht que culminó con el encarcelamiento de Lula y el empeachment a Dilma Rouseff en Brasil o la destitución de Lugo en Paraguay, etc. Estas formas “blandas” de intervención se combinan con formas más violentas como sucedió con el golpe de Estado en Bolivia, o las guarimbas fomentadas en Venezuela, donde además existe una latente amenaza de intervención militar directa. Esto se enmarca en la creciente disputa geopolítica en la cual Estados Unidos busca recuperar su hegemonía económica en su “patio trasero” en el contexto de la guerra comercial con China.
La proscripción de Evo es un capítulo más del accionar anti-democrático y fascista que desarrolla Añez en Bolivia. En un contexto de crisis, agudizada por la pandemia del coronavirus, la dictadura que derrocó a Evo en noviembre del año pasado busca consolidarse en el poder arremetiendo contra la resistencia popular. Por un lado prosigue acciones represivas contras las distintas huelgas y movilizaciones que sectores obreros y originarios vienen desarrollando, a la vez que promueve acciones como este fallo judicial que socava la referencia del líder del MAS en vistas a las próximas elecciones de octubre, donde la lista respaldada por el expresidente encabeza las encuestas y se encuentra a pocos puntos de consagrar un triunfo en primera vuelta.
Añez, por supuesto, mantiene un estricto alineamiento con el imperialismo, por ejemplo con el ingreso en el llamado Grupo de Lima. Evo Morales, hoy exiliado en nuestro país, se encargó de hacer público por redes sociales este nuevo revés en el camino por recuperar la democracia del Estado Plurinacional.
En cuanto a la situación de Ecuador, la proscripción y persecución a Correa se enmarca en una profunda crisis política y social del gobierno de Lenin Moreno. El contexto se explica en las muy intensas jornadas de rebelión popular ocurridas durante el 2019 y el desmadre sanitario ocurrido por la pandemia de la CO-VID, siendo Ecuador de los países con más muertes en el continente. En este contexto, la nueva arremetida contra Correa es una forma por la cual Moreno busca blindar sus políticas de ajuste y dependencia de cualquier repudio popular (y electoral). Políticas fielmente alineadas con la administración Trump. Si bien Correa, hoy exiliado en Bélgica, puede apelar la resolución, el litigio duraría varios meses, siendo las elecciones en noviembre. Por lo cual, este fallo lo pone casi fuera de juego en su candidatura a vicepresidente en una nueva coalición opositora que busca sacar a Moreno.
Desde Abriendo Caminos repudiamos estos hechos y la avanzada de la derecha imperialista continental. La proscripción de Evo y Correa, proveniente de los supuestos campeones de las instituciones, son claras expresiones que atentan contra la democracia en estos países. No obstante, en estas ocasiones la OEA no se pronuncia, misteriosamente.
Pero, además, se trata de un ataque a los pueblos que luchan y resisten contra toda forma de intervención extranjera. Junto con la complicidad de los gobiernos locales, los sistemas de justicia afines y los medios de comunicación, Estados Unidos busca cercar y aislar a los líderes y referentes populares y así perpetuar las políticas neoliberales.
En el mismo movimiento, estas ofensivas apuntan también contra el mayor objetivo del imperio en la región: Venezuela. Es fundamental que en estos momentos tan duros para los pueblos, donde no se respeta ni la democracia, las organizaciones del campo popular demos un mensaje de unidad, solidaridad y resistencia, y pongamos de pie un proceso de reconstrucción de los lazos que hacen a la fortaleza de nuestra región. De la misma forma que creemos de vital importancia que los gobiernos no avalen estas formas más o menos “blandas” de intervención, expresen su repudio con claridad y defiendan la soberanía de nuestros hermanos.