¡La tienen que pagar los que la fugaron!

Con el acuerdo con el FMI sancionado por ambas Cámaras del Congreso, nuestro país vive el inicio de una nueva etapa luego de dos años de gobierno del Frente de Todos y que se está expresando en distintos debates y realineamientos que atraviesan a las fuerzas políticas y al campo popular.

Como señalamos desde la presentación del entendimiento entre el Gobierno y el FMI, este acuerdo implica convalidar una deuda ilegal e ilegítima que, en los hechos, traslada el peso de la misma de sus responsables a las espaldas del pueblo luego de cuatro años de macrismo y dos de pandemia, actualmente con una inflación desmadrada. En ese sentido, los objetivos de recorte del gasto público, aumento de tarifas y las revisiones trimestrales del FMI impactarán directamente en el crecimiento y recomposición del país y resultarán en una pérdida evidente de soberanía.

A su vez, como se observó con rapidez con el debate por el aumento de las retenciones, el gobierno aborda enormemente debilitado la discusión y con el retroceso como una constante, hecho que se viene repitiendo desde la fallida intervención en Vicentín.

La votación en la cámara de Diputados que aprobó el acuerdo con los votos de Juntos por el Cambio es significativa del estado de situación, aunque sería precipitado pensar que las dos principales coaliciones van a una ruptura. Lo más probable, aunque con grandes divergencias internas, es que ambas formaciones se mantengan de cara a las elecciones de 2023, incluso con sus propias internas para contener a las diversas alas o absorber otras. 

No obstante estos elementos, se inicia un recorrido sinuoso y convulsivo que combinará cuestiones de la crisis económica con el escenario social y político, acompañado también por un escenario internacional y regional sumamente inestables. 

Las principales organizaciones del movimiento obrero y muchas organizaciones populares enfrentan esta situación con un grado elevado de incertidumbre y fragmentación y una legítima y genuina preocupación para que no regrese la derecha en 2023. Pero a su vez es evidente que en un país con 40% de pobreza es necesario avanzar en medidas populares para contrarrestar el efecto de la crisis que se vive.

Por lo tanto, resulta sumamente valioso tanto las distintas manifestaciones parlamentarias de rechazo al acuerdo desde los sectores populares, así como las distintas convocatorias y movilizaciones que se realizaron en ese sentido. Como expresó el 8M, hay un regreso del protagonismo popular a las calles que es fundamental alentar para instalar una agenda alternativa a la que propone el FMI. En línea con lo planteado por distintas organizaciones, hay que impulsar medidas que hagan recaer el costo de la deuda en sus responsables, con un impuesto permanente a las grandes fortunas, paritarias por encima de la inflación, el salario universal y el fin de las privatizadas como Edenor y Edesur, entre otras medidas.

Unir a la militancia popular detrás de esta agenda será la única garantía de construir otro horizonte para nuestro país.

Escribe un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.