¡Por un impuesto a las grandes fortunas!

La crisis sanitaria pero también social que ha provocado la pandemia del Covid-19 ha colocado todas las contradicciones al rojo vivo. La necesaria cuarentena obligatoria para contener el aumento de contagios, también ha dejado al desnudo una situación social sumamente compleja con el 40% de la población bajo la línea de pobreza y un porcentaje similar de la clase trabajadora precarizada.

Las grandes empresas, con la colaboración infaltable de la CGT, intentan descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo con despidos masivos, suspensiones, rebajas salariales, pagos en cuotas y con la especulación de precios.

En este contexto, el gobierno ha tomado algunas medidas como paliativos como el Ingreso Familiar de Emergencia, el DNU que prohíbe despidos y suspensiones así como la incorporación del Covid-19 como enfermedad laboral en sectores esenciales. También ha planteado pagar el 50% de los salarios de trabajadorxs privados. El ministro de Economía ha dejado trascender que se ejecutaría un paquete anticíclico que alcanzaría el 5,6% del PBI.

Sin embargo, la situación económica, como hemos señalado, es crítica con una deuda pública impagable y un déficit fiscal, ahora agravado por la caída de la recaudación (y el derrumbe del precio de petróleo que ha dejado a Vaca Muerta para mejor vida). La emisión monetaria es un recurso limitado ya que presiona la espiral inflacionaria y devaluatoria.

El anuncio del gobierno de una propuesta de reestructuración de la deuda pública externa es un error al no ser acompañada de la respectiva auditoría e investigación sobre el origen ilegítimo e ilegal de esa deuda. Pero, más allá de ese aspecto nodal, incluso en caso de un acuerdo, esto tampoco resolvería el escenario ya que no implicaría ninguna inyección de fondos nueva. A su vez, la búsqueda de fondearse con deuda local o con organismos internacionales solo abultaría más la deuda considerada “insostenible”.

Es indudable que los recursos para costear la crisis deben salir de otro lado y no pueden ser del pueblo trabajador que perdió en promedio el 20% de su poder adquisitivo en los últimos cuatro años. Por el contrario, en nuestro país hay un grupo concentrado de un puñado de empresarios que ostenta un patrimonio de miles de millones de dólares. Estos “reyes” de la Argentina, que han hecho su fortuna sobre la base del trabajo ajeno y los beneficios del estado, pagan cargas impositivas irrisorias mientras presionan por despidos y rebajas salariales. Por esa razón, desde distintos sectores políticos se ha planteado la necesidad de gravar a los más ricos del país.

Con sólo un impuesto extraordinario del 2% a las 15 mil familias más ricas del país se podrían costear 260 mil respiradores artificiales o 4 meses de IFE para 8 millones de personas, o para poder poner en funcionamiento una ley de emergencia en violencia de género que implica mayor presupuesto para dar respuesta al recrudecimiento de la violencia machista. Es lo que ha venido difundiendo la iniciativa “#NoTienenCoronita- Por un impuesto a las grandes fortunas”, una plataforma que se propone canalizar el reclamo de importantes sectores del pueblo para que la crisis la paguen los que más tienen.

Esto queda verificado también en los primeros días de la campaña con un alcance de más 80 mil personas, casi mil seguidores y decenas de mensajes de apoyo. Del mismo modo en las encuestas, la idea de un gravamen único a los grandes patrimonios cosecha un apoyo del 82% y a las grandes empresas tiene un respaldo del 85%. A las puertas del inicio del tratamiento legislativo en el marco de la cuarentena, es necesario redoblar la presión popular para torcerle el brazo a las grandes patronales.

Que nadie tenga coronita. Vamos por un impuesto a las grandes fortunas.