La llamada Mesa de Enlace que reúne a las entidades de las patronales agrarias se manifestó públicamente en contra del cierre a la exportación de granos por 60 días planteada por el gobierno nacional. Luego de reunirse y de lograr un acuerdo de la mayoría de las organizaciones presentes en la mesa, confirmaron que a partir del lunes 11 ingresarán en una medida de fuerza de 72 horas. El paro patronal para frenar la comercialización de granos es una nueva forma para presionar por los intereses de los sectores más concentrados de la economía.
La medida por parte del gobierno busca retener en el país los granos para asegurar el abastecimiento interno del cereal, materia prima fundamental de varias empresas de producción animal (cerdo, pollo, huevos, y leche entre otros) y contener la presión inflacionaria sobre los alimentos. A la fecha, el gobierno ha autorizado la exportación del 90% de la cosecha de granos que suma un total de 38,50 millones de toneladas. Lejos de la realidad que plantea la Mesa de Enlace, de patronales agrarias empobrecidas por la crisis, han sido uno de los sectores que más la levantó en pala en las últimas décadas y que siguió acumulando fortunas durante el 2020 a pesar de la pandemia y la cuarentena.
En el caso de la Mesa de Enlace, la convocatoria al lock out patronal es realizada por la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales. Una de las organizaciones participantes de la Mesa, la COINAGRO planteó que no era momento de hacerle paro al gobierno y que había que agotar primero todas las instancias de diálogo. Sin embargo, dejaron en claro que no era una ruptura con el resto de las organizaciones, sino una diferencia en esta medida. Algo similar ocurre con el Consejo Agroindustrial que reúne a las cámaras exportadoras y que viene sosteniendo una serie de reuniones con el Ejecutivo.
El conflicto se da en un contexto de suba del precio de la soja que al momento de la conferencia de prensa de la Mesa llegó a 500 dólares (una subida de aproximadamente 15 dólares) manteniéndose en el nivel más alto en los últimos 6 años y medio. Se encuentra en un número mayor que el que los dueños del campo argentino han acumulado durante el gobierno de Cambiemos.
Sin embargo, las patronales presionan con que se estima una producción de 46 millones de toneladas, es decir 3,6 millones de toneladas menos que el ciclo previo, mientras que otros plantean que la pérdida puede ser de 7 millones. Como en cualquier sequía o caída mínima de las ganancias, aprovechan para criticar las “altas” retenciones y exigir mayores libertades de exportación.
La presión de las patronales agrarias, siempre contra el pueblo
La historia de los grandes grupos patronales del campo argentino es conocida por gran parte del pueblo. Son aliados históricos de las dictaduras militares y del modelo neoliberal continuado por diversos gobiernos. Son uno de los sectores que más acumulan en el país con exportaciones que superan los 21.000 millones de dólares al 2020, pero sin embargo, es uno de los sectores que más se queja de su propia situación económica.
La Mesa de Enlace que durante la campaña de Alberto Fernández se había reunido con el actual presidente y establecido puntos en común, viene pronunciándose en contra de distintas medidas anunciadas por el gobierno nacional y los sectores populares. En la pulseada por Vicentín, tuvieron una posición clara en contra de la expropiación y estatización de la empresa, defendiendo a los dueños y planteando que era una amenaza a la propiedad privada. De la misma manera, ante la iniciativa del Proyecto Artigas impulsada por organizaciones populares acompañando a Dolores Etchevere, fueron defensores del desalojo y parte del pedido de represión. También, se han manifestado en contra de la Ley de Fuego que prohíbe que los terrenos incendiados sean vendidos o reutilizados para otra función durante 60 años. Sobre este punto, es importante destacar que este año se prendieron fuego más de 900 mil hectáreas, siendo muchos de ellos ocasionados voluntariamente y aprovechados económicamente. La Ley de Humedales y la Ley de Acceso a la Tierra son otros dos puntos de que los movimientos populares no lograron instalar en la agenda parlamentaria del 2020 y que han tenido repudio de los sectores patronales.
La medida del gobierno nacional está aún muy lejos de plantear una reforma del campo argentino que plantee una distribución de la tierra para les trabajadores y familias campesinas y garantice la soberanía alimentaria. Sin embargo, es evidente cómo la menor modificación a los planes de exportación libre y ganancias extraordinarias desata amenazas de desabastecimiento y tractorazos en las rutas del país. En este sentido, se ve como cualquier agenda medianamente progresista que quiera asentarse en Argentina debe emprenderse sabiendo que es necesario, tarde o temprano, confrontar con estos sectores.
Existen dos modelos en disputa. Uno impulsado por movimientos sociales y populares, que plantea la soberanía alimentaria: producir alimentos para los pueblos, con respeto al medioambiente y el derecho a la tierra para familias trabajadoras. El otro, planteado por la Mesa de Enlace y los dueños del campo argentino: alimentos para exportar y generar ganancias individuales, destrucción del medioambiente, condiciones inhumanas para les laburantes o altamente precarizadoras. La reciente huelga de aceiteros y recibidores de granos durante tres semanas que quebró la extorsión patronal es exactamente lo contrario al “paro” de la Mesa de Enlace: mientras uno representa la pelea de quienes verdaderamente generan la riqueza en el país y defienden su salario, el otro expresa a los sectores concentrados de la economía que la lenvantan en pala y no quieren ceder a sus intereses. No casualmente, desde la conducción de aceiteros se respaldó la medida de freno a las exportaciones para favorecer el consumo interno.
Desde la izquierda y los sectores populares tenemos que repudiar el lockout de las patronales agrarias. En primer lugar, porque es necesario colaborar a la disputa de sentido común y visibilizar quiénes se apropian de la tierra y cuáles son sus ganancias. En segundo lugar, es una oportunidad para discutir el modelo de producción de alimentos de nuestro país. Y, en tercer lugar, porque en cada pulseada, se juega la correlación de fuerzas que definirá el rumbo de salida a la crisis.