El próximo domingo 11 de abril se desarrollarán los comicios electorales que elegirán presidente y congresales en el país andino. Se disputará allí una parte de las confrontaciones políticas resultantes de la crisis de régimen que acumula varios intentos frustrados de relegitimar y recomponer el modelo neoliberal. Repasamos aquí el escenario que marca el proceso electoral, las principales candidaturas y los desafíos que se abren luego del domingo.
Punto de llegada
Actualmente Perú atraviesa una crisis signada por el agotamiento del régimen neoliberal como forma de gobernabilidad y ordenamiento social. El “neoliberalismo a la peruana” dio un salto con la salida autoritaria que significó Alberto Fujimori, representante de una coalición cívico militar destinada a aplicar las reformas neoliberales, que con el autogolpe de 1992 y la Constitución de 1993, inició etapa de desapariciones, torturas, esterilizaciones forzadas, corrupción, seguido de privatizaciones de todos los servicios públicos y derechos sociales.
La crisis del modelo neoliberal se explica a grandes rasgos por dos motivos principales. El primero es el declive del boom económico producido por los extraordinarios precios de los commodities en el mercado internacional (minerales), lo que dejó al desnudo una “falsa prosperidad” y las profundas desigualdades sociales. El segundo se vincula a la profunda trama de corrupción que involucra a todos los gobernantes desde 1992 a esta parte, pero que con el caso Odebrecht que data de 2017, se ha potenciado el hartazgo y la deslegitimación del conjunto del sistema político. La renuncia de Kucinscky en 2018 y el ascenso apurado de Vizcarra lejos de solucionar la crisis, sólo sirvió para salvar temporalmente una gobernabilidad que se caía a pedazos, pero que mantendría la disputa entre fracciones de los grupos de poder económico y su representación política de derecha por el control del Estado, disputa que decantará en el golpe constitución de 2020 y la asunción ilegitima de Manuel Merino.
La impugnación de Merino y el conjunto del sistema de partidos políticos corruptos desataron en noviembre del año pasado una extensa jornada destituyente que tras seis días de intensas protestas de carácter nacional contra el golpe constitucional, la movilización popular lograba su primera victoria: la renuncia del golpista Manuel Merino, responsable de la represión que se cobró la vida de dos estudiantes limeños Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado Sánchez.
La sierra, selva y costa peruana se levantaron contra el golpe y si bien en las calles se escuchaba el grito de #VacarlosATodos, los acuerdos palaciegos patearon la crisis al designar como presidente transitorio a Francisco Sagasti (diputado centrista del Partido Morado) y convocando elecciones presidenciales para el año siguiente.
Punto de partida ¿hacia dónde?
La designación de Sagasti no solucionó la inestabilidad política que se mantiene y se ve agravada por la crisis sanitaria, económica y social que desató la pandemia en curso. La incertidumbre también acapara los sondeos de intención de voto, pues los 6 principales candidatos (de un total de 18 aspirantes) están prácticamente empatados, con las mismas probabilidades de pasar a la segunda vuelta ya que ninguno supera el 10% de intención de voto, a lo que se suma que un 30% del electorado está indeciso o no quiere revelar sus preferencias.
El escenario revela un alto descrédito al conjunto de los partidos políticos y un hastío masivo que no deposita un apoyo político sólido a ninguna fuerza electoral.
En el tal panorama emergen las salidas más derechistas como la de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el economista neoliberal Hernando de Soto (Avanza País), el -bolsonarista- ultra derechista y misógino Rafael López Aliaga (Renovación Popular) que tiene mucho en común con el ultra-católico de George Forsyth (Victoria Popular). La derecha neoliberal, abiertamente pro empresarial y defensora de la constitución del ´93, a pesar de ir dividida, hoy encabeza las preferencias electorales. A su vez aparecen las opciones demagógicas que en el fondo no cuestionan la herencia Fujimorista, como la de Yonhy Lescano (Acción Popular) quien mantiene en su partido al golpista Manuel Merino. Pero también se potencian las opciones progresistas que desde el primer momento condenaron el golpe parlamentario y sostienen la necesidad de una Asamblea Constituyente que tire por la borda el modelo neoliberal imperante. Nos referimos a la candidatura de Veronika Mendoza de Juntos por el Perú, quien en 2016 movió el tablero electoral quedando en tercer puesto acercándose a un posible ballotage.
Una oportunidad para inclinar la cancha contra la derecha continental
La única certeza de cara al domingo es que habrá segunda vuelta, pero también que existe una sola candidatura con posibilidad de ingresar al ballotage que representa una propuesta de cambio para las mayorías populares y en consecuencia recibe el rechazo del conjunto del establishment peruano.
Verónika Mendoza es la única presidenciable que promueve medidas como un plebiscito para reformar la constitución; la nacionalización del gas; la intervención del servicio privado de salud frente la pandemia; la vacunación gratuita y universal; la creación de un Sistema Peruano de Cuidados para reconocer el trabajo doméstico y/o de cuidados no remunerado; la despenalización del aborto hasta las 12 semanas; la eliminación de exoneraciones tributarias para universidades privadas con fines de lucro; y en el mapa regional desconocerá a Gauidó como “presidente encargado” de Venezuela, reestableciendo el dialogo con Nicolás Maduro, de quien de igual modo se diferencia fuertemente ya que las principales críticas giran en torno a que Mendoza quiere “venezualizar el Perú”.
El país andino no es uno más en el mapa latinoamericano. Es junto a Chile y Colombia la punta de lanza del imperialismo, reprimiendo a todas las expresiones de protesta acusándolas de “terrucos” (terroristas) en alusión al conflicto armado, por ende el mapa está totalmente corrido a la derecha. En ese sentido apoyamos la candidatura de Verónika Mendoza ya que una potencial llegada al ballotage puede permitir la profundización de un proceso constituyente que acompañada de la movilización y politización de la juventud -que fue protagonista en la revuelta social de 2020- avance en impugnar el ciclo neoliberal a nivel local con fuerte impacto internacional.