En el día de hoy miles y miles coparemos las calles para pedir justicia por Ursula y una vez más exigir basta de violencia machista, que en lo que va del 2021 cuenta con más de 40 femicidios registrados. Pero ¿cuales son las salidas y las demandas concretas que desde el movimiento feminista apuntalamos? algunos apuntes para pensar una respuesta integral a una problemática enquistada al sistema en el que vivimos, y que debemos superar por una vida libre de opresiones.
Hace tan solo días, Matias Martinez le arrancaba la vida a Úrsula, reafirmando lo que ella, denuncia tras denuncia, intentó desesperadamente alertar. No hubo tiempo para el dolor, cuando supimos todo lo que había detrás de este nuevo femicidio, la rabia se apoderó de nosotres y la necesidad de justicia se convirtió en motor de lucha.
A Ursula la mata un miembro de la policía bonaerense, la mata después de hacer 18 denuncias, después de haber padecido cientos de violencias, la mata Matias Martinez después de haber sido apañado en varias ocasiones por la complicidad del poder policial. Pero además, a Ursula la mata la desidia y la falta de respuesta de un estado que no logra acompañar, cuidar y desactivar a tiempo la cadena de violencias por las que atraviesan muchísimas mujeres y disidencias, antes de que peligren sus vidas. Como si tanto dolor no bastara, esta historia se corona con la policía de Rojas reprimiendo a familiares, vecines y amigues de Úrsula que se manifestaban frente a la comisaría.
Detrás de este femicidio y de los hechos que se desencadenan antes y después, hay responsables bien claros, por un lado aparece el rol de la policía bonaerense, con Sergio Berni a la cabeza, institución que se jacta de cuidarnos y velar por nuestra seguridad, pero que admite a violentos y feminicidas como Martinez, apañandolo sucesivamente a pesar de todas las denuncias que pesan en su contra, una institución que refuerza esa complicidad con la represión a quienes reclamaban justicia tras el asesinato de Ursula, la misma institución que en primera instancia desestimó cada una de sus denuncias.
Este no es un caso aislado, según datos de la CORREPI “En el caso de los femicidios de uniforme, el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 389 femicidios sobre un total de 671 víctimas mujeres.” Si bien existe desde diciembre del 2020, la resolución 471/2020 que establece la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma a aquellos agentes denunciados por violencia de género o intrafamiliar, es indudable que el control efectivo sobre estos casos es nulo. A su vez, el rol de las comisarías de la mujer, que como en el caso de Úrsula, le negaron la denuncia por ser fin de semana, demuestra a todas luces sus limitaciones y que la policía con total impunidad apañe y no actúe frente a casos de violencia machista.
Una reforma judicial feminista
El caso de Úrsula, disparó nuevamente el debate sobre el inaccionar de la justicia y su intervención con un sesgo claramente machista. Por eso desde diversas organizaciones se plantea la necesidad de una reforma judicial feminista, que apuntale una perspectiva de género en general y en particular en los casos de violencia machista, que de lo contrario, seguiremos pagando con nuestras vidas. Esta reforma implicaría la garantía de acceso a la justicia con diversos mecanismos, un mayor peso y rol a los equipos interdisciplinarios para este tipo de casos, la generación real de cuerpos de abogades gratuitxs para la atención de estos casos con una clara perspectiva feminista, deconstruir las visiones y estereotipos sobre la victima y evitar los procesos de revictimización que se dan en la justicia, la centralización de procesos que permitan un accionar efectivo contra la violencia machista y la garantia de un proceso expedito en la toma de medidas urgentes para proteger a la persona que denuncian violencia. Está claro que esto debe ser acompañado por la real implementación de la Ley Micaela en todo el Estado, con prioridad en la justicia, más aún cuando la propia CSJN se niega a realizar este tipo de capacitaciones.
Desde Abriendo Caminos acompañamos esta demanda y consideramos que sería muy importante que se avance en una reforma de este tipo. Sin embargo, el caso de Úrsula devela por un lado una responsabilidad estatal integral y por el otro una urgencia que requiere de políticas inmediatas, por lo que nuestras demandas y organización deben ir mucho más allá.
El Estado es responsable.
Partimos de la certeza de que la erradicación de la violencia machista es posible en el marco de profundas transformaciones sociales que cuestionen y superen el sistema actual que nos condena a la opresión y explotación. También sabemos que para ver grandes cambios, no alcanzan meses, ni años, sino una construcción de dichas transformaciones con el protagonismo del pueblo, y un cambio radical en las conciencias y prácticas de una sociedad. Esta perspectiva, lejos de plantearnos impotentes frente a la problemática, plantea lo a fondo que tenemos que ir desde los feminismos para conseguir nuevas conquistas.
En este marco, necesitamos políticas públicas que lleguen a tiempo, que lleguen a los sectores más vulnerables, que hagan frente al recrudecimiento de la violencia machista, que sean efectivas para reducir los altos índices de femicidios que día a día afrontamos. Y en este sentido, el caso de Úrsula, una vez más devela esta profunda responsabilidad estatal, como un ejemplo emblemático del caso, que se dispusiera el patrullaje de fuerzas policiales por la insuficiencia de botones antipánico.
Existe desde el año pasado un Plan Nacional de Acción contra las violencias por Motivos de Género construido con la participación de organizaciones por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y se ha dispuesto mayor presupuesto para dicho Ministerio, por lo que entendemos tenemos un nuevo piso de intervención en las problemáticas de género. Sin embargo, se requiere de un plan de emergencia que incluya medidas más concretas, ¿cuantos centros de atención integral a víctimas de violencia se van a construir este año? ¿qué beneficios e incentivos se puede otorgar a las promotoras comunitarias de género? ¿cuantos equipos interdisciplinarios para abordar casos de violencia machista existen en el país con sustento del Estado? ¿qué rol juegan las organizaciones que en las más de las veces cumplen el papel estatal insuficiente de acompañar a la denunciante? ¿Qué efectividad tiene la Líne 144 y en qué condiciones están sus trabajadorxs para desarrollar semejante trabajo? son algunas de las cuestiones que tenemos que apuntalar de forma urgente.
Nos preocupa que en este marco, en donde consideramos tenemos que poner el foco en políticas concretas en el corto plazo, el gobierno anuncie que se avanza en la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, como única respuesta. La articulación institucional debería estar garantizada en la lógica del Plan presentado el año pasado, no se puede resolver esta profunda problemática con más medidas y comisiones superestructurales e intraestatales, sino con mayor fortalecimiento y protagonismo de las organizaciones feministas populares y de otras herramientas que puedan dar respuesta a las situaciones extremas de violencia machista que atraviesan muchas mujeres y disidencias sexuales.
Por otro lado, el femicidio de Ursula, inspiró una vez más a que desde los feminismos se cuestionara el rol de los varones y la necesidad de deconstruir los estereotipos machistas y las lógicas patriarcales. Sin lugar a dudas, el proceso de deconstrucción de las masculinidades es un eje fundamental en los cambios profundos que necesitamos en nuestra lucha contra la violencia machista y en cada oportunidad que pueda ser abordada, debe serlo. Sin embargo, nuevamente se devela la responsabilidad estatal, no basta con problematizar en grupos de amigos, ni cargar contra las responsabilidades individuales, sino se garantiza la ESI, si desde cada espacio institucional/social que habitamos no se promueven prácticas y lógicas que deconstruyan al machismo imperante, si las mismas políticas dirigidas a la problematización de las masculinidades no llegan a los sectores populares y se quedan en la voluntad individual de quienes tienen la oportunidad de cuestionarse, es decir sino enlazamos la necesidad de una política integral para abordar la deconstrucción del machismo e instalarla como un tema más dentro de cada ámbito de la sociedad, nuevamente nos quedaremos en medidas limitadas.
La gran conquista histórica que significó la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria en nuestro país, debe ser el impulso para sabernos a la altura de los desafíos de nuestros tiempos e ir por todos nuestros derechos. Ya hace 6 años, desde el primer Ni Una Menos en 2015, desbordamos las calles contra la violencia machista y hoy nos seguimos enfrentando a la cruda realidad de contar femicidios cada unas pocas horas. El movimiento feminista sustentado en una importante unidad para obtener conquistas y en las redes, en su organizacion por abajo, para garantizar derechos, puede dar respuestas integrales para que el grito ¡Vivas nos queremos! no se quede en un profundo deseo. Para eso apuntalar nuestras demandas, develar la responsabilidad estatal y fortalecer nuestra organización se vuelve fundamental.