La semana que pasó fue finalmente presentado el proyecto de presupuesto 2021 en CABA. El mismo Rodríguez Larreta lo definió como un presupuesto “de contingencia”, definición que viene de la mano con la disputa con el gobierno nacional por la baja del porcentaje en la coparticipación, que ya tiene media sanción en el Senado y será tratado en la cámara baja en los próximos días. Recuperar esa recaudación parece ser el eje que estructura los cálculos del gobierno porteño y por eso también se especula con lo que pueda resolver la Corte Suprema a partir del amparo presentado por Larreta.
Una de las “novedades” es un nuevo impuesto a las tarjetas de crédito emitidas en la ciudad con el 1,2% sobre el total del resumen de los gastos realizados. En un contexto marcado por la profunda crisis económica que atraviesa nuestro país, sumado a los congelamientos salariales, la compra con tarjeta es el modo de “tirar como se puede” una parte del mes, por lo que este nuevo gravamen es un golpe hacia las y los trabajadores. Fiel a su modelo impositivo, el gobierno de Juntos por el Cambio golpea a los que llegamos justo a fin de mes y no por ejemplo, a los grandes propietarios inmobiliarios. Con ellos, en cambio, pergeña negociados como el de Costa Salguero que ha comenzado a generar un amplio movimiento con un fuerte componente juvenil en defensa del acceso al espacio público.
Como si con esto no alcanzara, se anunció que el ABL se indexará al ritmo de la inflación, constituyendo otro de los pilares para las arcas del Estado. El combo “golpe directo a los bolsillos de las y los porteños” se termina de consagrar con la puesta en marcha del cobro virtual de estacionamiento, una nueva modalidad que duplica los espacios hasta ahora regulados por los parquímetros (que eran 40 mil) votada en la legislatura por el bloque oficialista y rechazada por el FIT y el FdT.
En la misma línea de recuperar caja y como una maniobra que, si bien tensiona a sectores afines, por tiro de elevación le pega al gobierno nacional, se encuentra la eliminación de la exención al pago de ingresos brutos para las Leliq. Esto le pega en algún punto al sector financiero pero al mismo tiempo repercute en un aumento de las tasas de interés (¿quién ha visto perder a los banqueros de la “city” alguna vez?) motivo que llevó a un cruce de comunicados desde el Banco Central para que Larreta de marcha atrás con la medida, otro signo de disputa entre ambos gobiernos.
Este paquete de medidas tributarias no encuentra, claro está, su contraparte en por ejemplo, aumentos salariales. En este punto, los funcionarios afirmaron que tenderán a equiparar los salarios estatales más bajos con los niveles de inflación pero que sin embargo los salarios más altos deberán “poner el hombro”, esa famosa frase que siempre es utilizada con les laburantes y no con los empresarios. También fueron suspendidas las principales obras públicas (con motivo de la quita de los puntos de coparticipación) y todos los presupuestos tanto de salud, como educación y desarrollo social si bien aumentaron entre un 10 y un 15% quedaron muy por debajo de un aumento que, en términos reales es 15% inferior al del año pasado. En un contexto de pandemia y crisis sanitaria donde el presupuesto para áreas sociales y garantizar derechos debería aumentar, ya vemos cuales son las prioridades del Gobierno de la Ciudad.
En definitiva, el presupuesto es indicativo del modelo de Ciudad que Juntos por el Cambio viene desarrollando, pero que pese a su blindaje mediático encuentra resistencias en les trabajadores, movimientos sociales, jóvenes y vecines de las distintas comunas, y una diversidad de luchas para que nuevamente la salida a una crisis sanitaria, social y económica no recaiga en las espaldas de les que menos tienen.