Pasados más de 60 días de aislamiento social obligatorio en el país y de haberse visto resultados positivos en términos sanitarios de las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus, en el último tiempo la profundidad de la crisis social y económica se manifiesta en distintos planos y las medidas anunciadas hasta el momento se visualizan como limitadas.

El gobierno atraviesa un punto de tensión importante sobre como capear esta crisis, mientras crecen las expectativas en una salida de la cuarentena y en los hechos hay una flexibilización importantísima de la misma, se comienzan a elevar el número de contagios y muertes por día concentrándose en los sectores más vulnerables. La implementación de protocolos que cuenten con la participación de las organizaciones populares, la entrega efectiva de alimentos e insumos a todos los comedores y espacios comunitarios que hoy enfrentan una cruda realidad en los barrios y la adopción de medidas para brindar todos los alojamientos necesarios se vuelve una de las máximas urgencias.

En este cuadro, el aumento de jubilaciones y pensiones del 6,12%, aun cuando al integrarlo a los aumentos de marzo sea del 19,9% y se intente justificar con que la inflación proyectada es del 14%, es completamente insuficiente en el contexto de crisis económica y social que atravesamos. Así también medidas como el congelamiento de tarifas de televisión por cable, telefonía celular e internet no logran ser un alivio real a la situación que atraviesa el pueblo. La prórroga del decreto que prohíbe despidos y suspensiones por 60 días muestra limitaciones ya que en los hechos las empresas despiden, suspenden, recortan salarios, se realizan acuerdos contrarios al espíritu del decreto homologados por el propio Ministerio de Trabajo, y no se visualiza ningún tipo de sanción para las empresas que no cumplen y especulan en esta situación.

Así también es preocupante el aumento de los casos entre lxs trabajadores de la salud, sector en el cual se incrementan las denuncias en torno a la precarización laboral y la falta de entrega de elementos de protección personal, tanto en el sector publico como privado, demostrando la insuficiencia de los bonos otorgados y la necesidad de avanzar en un sistema único estatal de salud. Otro aspecto central de la crisis que atravesamos, tiene que ver con la gran cantidad de femicidios que se desarrollaron en la cuarentena, casi uno por día, mientras el resto de los delitos se redujo en un 80%. Lo que demuestra que el “quedate en casa” para mujeres y disidencias en muchísimas ocasiones implica la convivencia con el agresor y ha quedado a la vista que las distintas estrategias y medidas paliativas que se han tomado no alcanzan por lo que debe avanzarse en la declaración de la emergencia en violencia de género, para poder disponer de partidas presupuestarias extraordinarias para la lucha contra la violencia machista. Esto requiere un movimiento feminista alerta y activo, instalando su agenda el próximo 28M -Día de acción por la salud de las mujeres- en donde debemos hacer escuchar nuestra voz para que el aborto sea legal en nuestro país y en el próximo 3J, un nuevo Ni Una Menos que nos exige creatividad e intervención para frenar la violencia machista.

En los últimos días se ha dado a conocer que la implementación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), a partir del cual el Estado paga parte de los salarios a lxs trabajadores, se ha usado también para pagar a CEOS de Techint, La Nación y otras grandes empresas con arcas millonarias. Lo que debía ser una ayuda para que pequeñas y medianas empresas no se vean obligadas a cerrar en estas circunstancias, se ha convertido en un virtual subsidio a grandes empresas de nuestro país, sin un mínimo control estatal.

En este marco, el gobierno se plantea como prioridad la renegociación de la deuda, inclusive extendiendo los plazos para lo mismo, más allá del 22 de mayo como estaba previsto. En un intento por no tener una declaración de default se sigue cediendo a las propuestas de los bonistas que especulan con la situación de nuestro país y se les promete que la conquista del superávit fiscal será para pagar la deuda. En una situación de extrema delicadeza como la que atravesamos, y con informes recientes del Banco Central de la fuga de más de 86.000 millones de dólares entre 2015 y 2018, es imperioso investigar en qué se usó la deuda contraída durante el macrismo y suspender los pagos. Pero lejos de eso, se espera a cerrar un acuerdo que no traerá ningún beneficio más que patear el problema de la deuda para adelante, y a su vez se espera a resolver el mismo para avanzar en medidas centrales que se requieren para afrontar esta crisis como es el impuesto a las grandes fortunas.

Esta situación general, genera esperables tensiones también en la coalición gobernante, en donde sectores progresistas declaran sobre la necesidad de estatizar empresas que el estado se encuentra subsidiando, se afirma lo errado de la homologación de acuerdos entre patronales y gremios que van en contra de la prohibición de despidos y suspensiones y se insiste con la necesidad de gravar a las grandes riquezas de nuestro país.

Desde la distintas organizaciones de izquierda y el campo popular, y en general desde todos los sectores populares, debemos intervenir en este momento clave de la crisis económica y social que atravesamos. Se requieren medidas mucho más profundas para que efectivamente la crisis no la terminen pagando lxs que menos tienen. Las muertes en las villas y barrios populares, la falta de acceso a la IFE para buena parte de la población, los escasos aumentos en jubilaciones y asignaciones, no pueden ser el camino de salida de esta situación acuciante, que necesita respuestas inmediatas. Esto se hace sentir en conflicto de trabajadorxs y en los barrios que se ven obligados a salir a la calle en busca de soluciones.

Tenemos la responsabilidad de intervenir desde todas las herramientas a nuestro alcance, desplegando la mayor solidaridad popular, acompañando las distintas luchas que se desarrollan, participando de plataformas amplias como es la campaña No Tienen Coronita, por un impuesto a las grandes fortunas, y empujando para respuestas y medidas acorde a las necesidades e intereses populares.

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