La crisis sanitaria y social agudizada por la pandemia del Covid-19 sigue en desarrollo con el agravamiento de los contagios en los barrios populares. Nos encontramos a las puertas del “pico” y la situación de los sectores populares es sumamente delicada. Es urgente que los más ricos y las grandes empresas paguen los costos.
Desde el comienzo del aislamiento social, una medida necesaria para contener la expansión del virus, millones de trabajadorxs se han visto afectadxs por la ofensiva empresaria para descargar los costos de la parálisis de la actividad sobre sus espaldas. Despidos, suspensiones, rebajas salariales y pago en cuotas afectan a más de dos millones y medio de laburantes desde la pandemia. En las barriadas esta situación se agrava con millones que no pueden salir a buscar una changa y deben apelar a comedores y ollas populares para garantizar su sustento. Es más que evidente que la situación en las barriadas populares de nuestro país sería aún mucho peor si no fuera por el rol que venimos jugando las organizaciones populares en los territorios.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es un paliativo necesario -fue solicitado por 11 millones de personas- pero insuficiente en el monto y que, además de las grandes dificultades para acceder, se pagó tardíamente una única vez hasta el momento en casi 3 meses de aislamiento. A su vez, el aumento a las jubilaciones y la AUH se inscriben en la misma línea, con un aumento generalizado del 6% que no alcanza a una recomposición de ingresos y mantiene a millones de jubiladxs, pensionadxs y beneficiarxs debajo de la línea de pobreza.
Esta situación social sumamente delicada transcurre con la expansión acelerada en las últimas semanas de casos en villas y barriadas. Se refleja así el impacto desigual del virus, que golpea especialmente a los sectores populares. Pero además, ante un pico de la pandemia se vuelve a plantear el estado de vaciamiento y precarización que atraviesa el sistema público de salud tras largos años de abandono, mientras las clínicas y empresas privadas del sector siguen sin ser estructuradas en un dispositivo unificado. En este marco, trabajadorxs de la salud han comenzado a movilizarse y manifestarse por la situación de enorme precarización en la deben conformar la primera línea de combate al virus.
#NoTienenCoronita
Para sorpresa de nadie, las grandes empresas y sus CEO’s multimillonarios usan la crisis para seguir obteniendo grandes ganancias. Además del ajuste llevado adelante con despidos, suspensiones y rebajas, utilizaron el plan ATP lanzado por el gobierno como un subsidio que alcanzó incluso a sus propios gerentes y ejecutivos.
Los números de sus ganancias, incluso durante el periodo de la pandemia son apabullantes. El holding Cablevisión-Fibertel-Personal tuvo un 168% más de ganancias respecto del mismo periodo del año pasado. O la azucarera Ledesma que registró porcentajes similares. Sin embargo han solicitado subsidios del estado y, en el caso del grupo dirigido por Magnetto, están pagando en Clarín el sueldo en cuotas. El CEO de Techint Construcciones, responsable de 1.450 despidos, también percibió este beneficio.
En paralelo, el BCRA ha dado cuenta en un informe, que ahora será analizado en una comisión parlamentaria, que hubo una fuga de capitales de $86 mil millones de dólares los últimos cuatro años. Por su parte, la AFIP reveló que hay más de 1000 cuentas de argentinos en el extranjero con activos, pero se ha negado a difundir los datos respectivos.
En esta coyuntura, a más de 70 días de iniciada la cuarentena, la iniciativa de un impuesto a las grandes fortunas que se promueve desde sectores del oficialismo hasta la izquierda y que viene impulsando con fuerza la campaña #NoTienenCoronita es una medida más que acertada y necesaria para comenzar a revertir esta situación. Un impuesto de sólo el 2% a las 15 familias más rica del país reuniría entre $3.000 y $4.000 millones de dólares, el equivalente a 4 meses de IFE para 8 millones de personas o a 100 mil viviendas. Vale señalar además que las tasas impositivas en nuestro país son ostensiblemente más bajas que en los “países del primer mundo” y los grandes millonarios pagan un porcentaje irrisorio del 0,8 en relación a sus patrimonios.
Por ese motivo, también resulta difícil de comprender la demora en el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas en el Congreso. Es urgente su aprobación para dar respuestas a una crisis que empeora. A su vez, una medida así debe ser el puntapié para profundizar un camino, para que de una vez por todas la crisis la paguen los que se enriquecen con la pobreza y hambre de nuestro pueblo.
No tienen coronita. Impuesto a las grandes fortunas ya.