En el último tiempo, la crisis desencadenada por la pandemia de CO-VID muestra sus consecuencias sociales y económicas. Quilmes se ubica en el ojo de la tormenta: pico de contagios, cortes de luz, necesidades, reclamos, despidos y un gobierno municipal que da una repuesta insuficiente y errática ante las problemáticas populares. Ante un escenario político donde la derecha arremete con su agenda, se vuelve vital una política que ponga en el centro a lxs trabajadores y sectores más vulnerados. Para proyectar la “pos-pandemia” las organizaciones sociales y políticas debemos poner en agenda un programa de salida claro para las mayorías populares, anclado en avanzar contra lxs que la siguen juntando en pala y lucran con la crisis.
La situación sanitaria
Llegando a fines de julio, y luego de 4 meses de cuarentena, Quilmes sigue siendo uno de los distritos más afectados por la pandemia del coronavirus. Superando los 7 mil casos, se ubica segundo en el ranking de contagios (solo detrás de La Matanza).
A pesar de estas cifras alarmantes, la situación sanitaria en el distrito es llevada con cierta estabilidad, teniendo en cuenta el momento general de aumentos de casos y fallecimientos. La ampliación de camas de la UPA de IAPI, el Oller y el Iriarte, junto a los centros de recuperación son un importante colchón de contención. Pero todavía se teme un potencial colapso del sistema público que podría afectar a toda el Área Metropolitana. El Secretario de Salud quilmeño Matías Konfino, en sintonía con el Ministro bonaerense Gollán, advirtió sobre la capacidad de contención del sistema sanitario ante un aumento significativo de casos.
En lo que respecta a las barriadas, luego del caso de Villa Azul, el gobierno municipal tenía el desafío de evitar brotes en otras zonas vulnerables. Si bien se registra un aumento considerable de casos en Villa Itatí, la situación en los barrios populares es llevada con relativa estabilidad. Casos como Itatí, ponen sobre la mesa el rol fundamental que desempeñan los movimientos sociales y vecinxs organizadxs para hacer frente al virus. Si no fuese por el trabajo esencial que desempeñan y la amplia red de contención que las mismas construyen, el desborde en los barrios seria estrepitoso. Allí se reconoce la presencia estatal acompañando en sus distintos niveles, pero con dificultad para construir dispositivos que, reconociendo el protagonismo de la organización vecinal, sea capaz desarrollar atención en un trabajo conjunto, que no escatime en recursos y de prontas respuestas.
Por otra parte, se vuelve necesario instrumentar una unificación del sistema público-privado bajo un mando estatal. Hoy en día la atención privada presenta déficits y se desarrollan situaciones donde los contagiados quedan a la deriva de atenciones relajadas y diletantes ante cuadros que se complejizan. En este momento, se debe tener una política sanitaria integral y no librar a lxs trabajadores a la voluntad e interes económico de sus prestadoras, fortaleciendo así también el sistema público.
Focos de conflicto
Durante las últimas semanas, también, el gobierno de Mayra Mendoza ha tenido que afrontar diversos conflictos.
En primer lugar, la fuerte repercusión mediática generada por el caso del jubilado que mató a su asaltante reabrió toda una discusión sobre la seguridad, la justicia por mano propia y avivó la exigencia de más presencia policial en el distrito. El aumento considerable de robos no se puede entender y explicar por fuera de la conflictividad social que genera la pobreza y la desocupación en aumento que caracterizan a la crisis en ascenso. Por ende, el pedido de aumento de presencia policial no es la solución a este tipo de problemáticas. En ese sentido, y a la par que crece el reclamo por “más seguridad”, los casos de gatillo fácil y de represión arbitraria siguen en aumento en la zona, escenario al que ahora se suma el desembarco de Fuerzas Federales. El caso de Fernando Leguizamón, en La Cañada, fusilado por policías de civil; los jóvenes carreros detenidos sin causa aparente más que la de ser pobres; el reciente hecho represivo hacia los vendedores ambulantes en plena estación de Quilmes y el violento desalojo en Eucaliptus son claros ejemplos. Esto último ha sido realmente grave y la argumentación del gobierno sobre el plan de viviendas proyectado no justifica de ningún modo el método violento con topadoras e infantería. El rol desempeñado por Sebastián Raspa, Subsecretario de Hábitat, es repudiable, debería ser removido de su función pública y se debe dar una pronta respuesta a la situación habitacional a esas 38 familias.
En segundo lugar, semanas atrás, la secretaria de Mujeres y Disidencias local, Sofía Tomé, despidió a tres trabajadoras del servicio del centro “La Fortaleza”, encargado de brindar asistencia a mujeres víctimas de violencia de géneros. Dicha situación, argumentada con difamaciones sobre las trabajadoras, es un hecho a contramano del decreto nacional y de los pronunciamientos de Mayra Mendoza respecto al frigorífico Penta.
Esta situación puntual deja en evidencia -una vez más- la precarización en que se encuentran cientxs de trabajadorxs estatales y es facilitada por la prolongación de los contratos basuras. Cuestión que repite sus consecuencias en otras áreas estatales como el caso de lxs laburantes de Niñez y Adolescencia, que en julio encontraron la renovación de sus contratos por tan solo dos meses. El gobierno que dio algunos primeros pasos en la eliminación de monotributos, debe también terminar con este tipo de contratos basura, asegurando planta permanente, sueldo digno y todos los derechos a lxs laburantes. Sin estabilidad y proyección es muy difícil que se pueda desarrollar una política que garantice derechos para las mujeres, lxs niñxs y adolescentes.
Las necesidades de las mayorías populares
Estas respuestas represivas y de despidos en medio de la crisis que genera la pandemia, fueron motivo de repudio por diversos actores del campo popular. Importantes sindicatos como ATE Quilmes y la CTA, e incluso organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos han expresado profundo desacuerdo con estas medidas que van en contra de las necesidades y los intereses de las mayorías.
La polarización presentada a escala nacional se traduce en lo local. Está claro que la derecha, aunque hoy carezca de una figura pública clara, seguirá presionando por una política que repita las medidas que implementaron durante 4 años y destrozaron al país: represión, ajuste y ensañamiento contra los sectores populares. Los medios, tanto locales como nacionales, juegan un papel repudiable en todo esto, con foco en el desgaste hacia una gestión de signo camporista. Por ejemplo, dedicando largas horas de coberturas de sus noticieros a cada robo sucedido en nuestro municipio.
El gobierno de Mayra Mendoza no debe permitir que estos sectores le instalen su agenda. Por el contrario, la salida demanda radicalizar medidas en favor de los sectores populares, muchos de los cuales depositaron expectativas en esta gestión. Las organizaciones políticas y sociales de la izquierda y el campo popular, tanto quienes forman parte del Frente de Todos como quienes no, debemos ser canal de esa demanda. La respuesta a los problemas estructurales de nuestro distrito exige una iniciativa contundente, construida con protagonismo de las organizaciones populares.
En esta clave es interesante la iniciativa que la propia Mayra Mendoza, junto a otros intendentes del conurbano sur, han tenido al denunciar las irregularidades de la empresa EDESUR y pujar por una respuesta proponiendo una mesa de dialogo con el ENRE, la empresa y el estado. Por nuestra parte creemos que a la hora de garantizar derechos la intervención estatal debe ser contundente, siendo la estatización el único camino ante una empresa que habiendo tenido ganancias millonarias no es capaz de brindar un servicio a la altura. (Recomendamos ver nota aparte).
Cada vez más claramente se instala el debate de la pos pandemia, que carácter tendrá la agenda política y económica que proyecte la Argentina. Las consecuencias de 4 años de un gobierno neoliberal y ajustador están a la vista, situación que se combina con una crisis de dimensiones internacionales. Las tensiones se incrementan y se vuelve acuciante una política centrada en quienes vimos deteriorado nuestro salario, quienes perdimos derechos laborales, quienes vimos vulnerados derechos, quienes vimos como la precarización avanzó sobre nuestras vidas. La única forma de frenar a la derecha que busca imponer su agenda es con medidas más fuertes en favor de las mayorías populares y esto solo es posible con mayor apoyatura en las organizaciones y protagonismo popular.
Desde Abriendo Caminos, en nuestros diversos espacios de intervención, seguimos activamente junto a otras organizaciones, construyendo desde la organización salidas populares a esta crisis. Sosteniendo nuestra campaña solidaria de colecta y distribución de donaciones e impulsando ollas populares. Formando parte de las denuncias contra la represión y exigiendo justicia por Fernando Leguizamón. Luchando contra los despidos y en defensa de derechos de lxs trabajadorxs. Seguiremos impulsado la máxima unidad y organización para frenar a la avanzada derechista, pujando por un programa de salida de la crisis para lxs trabajadores y sectores populares.