El 2021 empezó con una fuerte campaña política por parte tanto del gobierno nacional, con expresiones del ministro de Educación, Nicolás Trotta, y del propio Alberto Fernández, como de los gobiernos provinciales en pos de instalar el regreso a clases presenciales en todos los niveles. Sin direcciones claras desde el ejecutivo nacional, dejan de manera preocupante a merced de cada distrito una cuestión tan delicada e importante.
Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta hizo lo esperable de acuerdo a lo que ya venía anticipando: plantea de manera unilateral un regreso a clases al mismo tiempo que lleva a todos los medios de comunicación toda su batería propagandística de supuesta defensa de la educación. El retorno a clases presenciales cueste lo que cueste es, desde el año pasado, por parte de la oposición, una de sus principales campañas. Mientras, docentes, familias, directivxs y toda la comunidad en general no reciben ninguna certeza sobre los cuidados sanitarios que se requieren para un retorno en el marco de una pandemia que sigue golpeando la vida y la salud de miles de personas diariamente. El gobierno de la Ciudad quiere mostrarse como garantes del derecho a la educación de lxs mismxs pibxs, docentes y familias a las que les niega el acceso a condiciones dignas de cursada y de trabajo (presencial y virtual).
La Ciudad de Buenos Aires es el territorio del fraude educativo del macrismo. Tantos años de gestión neoliberal y reaccionaria pueden calar hondo en nuestro sentido común, en el día a día de las escuelas, en la vida de familias y docentes. Sin embargo, (y esto es lo que molesta a la derecha que gobierna la ciudad) seguimos teniendo algunas interesantes armas de nuestro lado: la resistencia de las comunidades educativas, la persistencia de lxs docentes de seguir poniendo en agenda y en valor el trabajo de enseñar en condiciones de permanente ajuste y persecusión política y mediática, y el apoyo de amplios sectores de la población argentina que, al tener que sostener la escuela virtual en cada casa y como se pudo durante el 2020, entendieron qué tan esencial es la escuela pública y qué tan esenciales somos sus trabajadorxs.
La semana pasada el gobierno de CABA convocó a los sindicatos docentes a distintas reuniones donde se afirmaron algunas cosas y se silenciaron otras: se aseguró que habría un retorno a clases presenciales con los grupos en su totalidad y durante todos los días de la semana (es decir, como antes de la pandemia), pero con la confusa aseveración de que se haría “según los protocolos”. Protocolos que aún no existen ni a nivel nacional ni a nivel local. Sin embargo, algunas provincias (como Buenos Aires o Córdoba) ya dieron a conocer sus planes de retorno a clases y en todos los casos se plantea un desdoblamiento de grupos y de modalidad, es decir, se trabajará en grupos reducidos combinando actividades presenciales y virtuales (cabe aclarar que aún sigue estando ausente un plan nacional de conectividad para todxs lxs alumnxs aunque se hayan tomado medidas positivas en relación a favorecer el acceso a las telecomunicaciones).
Paralelamente, las autoridades del gobierno porteño, en especial la cuestionada ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, salieron con una brutal campaña de ataque a la docencia en general y a sus sindicatos en particular, en la que abundan desde frases hechas y prejuicios reaccionarios y antipopulares ya conocidos hasta la amenaza de descuentos al salario si hay medidas de fuerza, en un debate que se repite año a año y que desde el gobierno busca construir un desprestigio y un sentido común que avale su política de odio hacia la escuela pública. Porque no es solo el vaciamiento en términos presupuestarios (fundamental, por supuesto) sino también un ataque permanente a la calidad con la que lxs docentes construimos una escuela pública accesible, popular, feminista y crítica. En ese sentido van sus políticas de recorte[1] y sus propuestas pedagógicas, como la UniCABA, ejemplo claro de la intención de minar la calidad de la formación y la democracia en el acceso a un nivel tan importante como la Formación Docente.
Lxs principales dirigentes sindicales locales han empezado a plantear, con las limitaciones de cada caso, algunas exigencias claves como las condiciones sanitarias mínimas que se requieren para una vuelta segura a clases, la necesidad de un plan de retorno que contemple los criterios sanitarios de distanciamiento, mínima aglomeración de gente, dispositivos y conectividad para las familias y la necesidad de que, en la medida y en los tiempos que la realidad nos permita, avanzar con un plan de vacunación a todxs lxs trabajadorxs de la educación, etc.
La UTE, el gremio mayoritario, en declaraciones de su secretaria general, Angélica Graciano, ha planteado la posibilidad de un paro de no inicio si estas demandas no son escuchadas. Sin embargo, la mayoría de la docencia desconoce los pasos a seguir. Necesitamos discutir entre toda la docencia como enfrentar esta nueva (y esperada) arremetida del gobierno de la ciudad contra la salud de familias y docentes. Es necesario pasar de las declaraciones a la organización activa de toda la comunidad eductiva para derrotar realmente estos atropellos.
La discusión de fondo que atraviesa el retorno a clases, es a costa de quién se avanza en el “retorno a la normalidad”. Mientras no hay señales claras sobre protocolos e inversiones para mejorar las condiciones y solo se escuchan ataques a lxs trabajadores, en el último presupuesto de Ciudad, hubo un recorte del 10% en el sector. Es necesario contraponer y articular una agenda popular, amplia, que exija obras en las escuelas, conectividad para todes, actos públicos y apertura de cargos de emergencia. Todas demandas que podrían ser financiadas a través de un impuesto permanente a las grandes fortunas para que, una vez, las cosas no sean a costa de lxs trabajadores.
Clases mixtas virtuales-presenciales
Conectividad para todes
Obras en las escuelas para ponerlas en condiciones
Actos públicos y apertura de cargos de emergencia
[1] El 14 de enero de este año el gobierno de CABA transfirió, dentro del presupuesto educativo, 371 millones de dólares del área de Infraestructura Escolar (en particular de los programas de entrega de dispositivos digitales y de acondicionamiento de escuelas) a área de Gestión Privada.