Un análisis sobre las preguntas que lxs marplatenses nos hacemos y ya es hora de responder
Se cumplen dos semanas del día en que el intendente Montenegro de “Juntos Por el Cambio” decretó que a partir del 23 de agosto, la tarifa plana del servicio urbano pase a valer $35,24. Estamos hablando de un aumento de más de $10, una suba del 40%. Y de esta forma los servicios urbanos mixtos y suburbanos llegarían hasta los $55,92.
Esta medida angustiante que impacta a cientos de miles de marplatenses sumergidxs en una profunda crisis social, no es nada sorprendente por la recurrencia con que se da. Y se nos conduce a naturalizar el monopolio del transporte, la complicidad política y la represión tanto policial como de las patotas, cada vez que nos manifestamos en contra.
Sobre la responsabilidad política ¿Cómo se aprueba esta medida?
A pesar que el proyecto presentado por el oficialismo no fue aprobado en el Concejo Deliberante, se le otorgó una vez más al intendente la facultad de que resuelva unilateralmente esta deriva. Quienes operaron para generar esta maniobra con el oficialismo fueron los concejales por “Acción Marplatense” (fuerza que con Gustavo Pulti gobernó la ciudad de 2007 a 2015) excusándose con que se agregue que el ejecutivo debe gestionar las acciones para reclamar por un aumento del subsidio por parte de nación. El dato en que se basan es que para otros municipios de la provincia, el subsidio cubre un 70% y los usuarios aportan un 30%. Y que en nuestra ciudad la ecuación sería a la inversa. Este punto pone al descubierto dos realidades. Una que es desde el pueblo, que ya no podemos cargar con los costos de esta crisis que se profundiza, que tenemos que seguir poniendo más para este servicio que representa un derecho básico. Y por otro lado, que los empresarios como Juan Inza, exigen al Estado que costee el boleto cuando ellos no pierden un solo peso. Al contrario, siguen incrementando sus ganancias.
El oficialismo defendió esta suba amparándose en el estudio de costos que realizó la Subsecretaría de Movilidad Urbana. Sin embargo, estos números no son para nada claros y se negó la participación de la Universidad Nacional de Mar del Plata para relevarlos ¿Cuál es la lógica en la que se discute el costo del boleto sin la apertura de los libros contables de las empresas para poder conocer con exactitud cuánto cuesta el boleto y qué ganancia representa para los empresarios?
¿Por qué a Juan Inza le siguen renovando la concesión del transporte?
Este empresario del transporte monopoliza la concesión al tener a su cargo 4 de las 5 empresas de colectivos y está procesado por la causa de los “Choferes fantasma”, donde se conoció que pasaba costos por choferes que no estaban en funciones para dibujar los números y obtener mayores ingresos para subsidios como para hacer lobby para los recurrentes aumentos de boleto.
Hace unas semanas, una patota de la UTA al mando del secretario general Adrián Giménez, completamente alineado con el empresario, reprimió con armas de fuego hiriendo a los choferes disidentes que venían llevando el reclamo por el pago de sueldos y aguinaldo adeudados, y denunciando los despidos de cientos de sus compañeros que estaban en negro.
Su relación con el poder de turno local, la policía y las patotas ha quedado en claro en más de una ocasión como cuando se reprimió a estudiantes secundarios en 2012 que luchaban por el boleto educativo o cuando años después, en un nuevo aumento de la tarifa plana, mandó a barrabravas de fútbol a matar a lxs manifestantes, golpeando severamente en la cabeza a un militante popular. Está claro que la no aplicación en la ciudad de la ley provincial vigente de boleto educativo universal y gratuito (ley 14.735), se encuentra trabada de antemano por los intereses de Juan Inza.
Esto al mismo tiempo que durante varias semanas no contamos con el servicio nocturno por un paro impulsado por la dirección de la UTA y Juan Inza (sin ninguna intención de esconder su intervención) para beneficiarse con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)
Fue el mismo Juan Inza quien presentó el 21 de mayo en el Concejo Deliberante el proyecto para lograr un aumento de $42,12. Este método es más que conocido por lxs marplatenses: primero el empresario pide un número de tarifa y presiona con cese de actividades a cargo de su UTA, después el intendente decreta un aumento enorme pero que no alcanza ese número para mostrarse sensible ante la situación social y adjudicándose que logró detener el conflicto para que no falte el servicio.
Esta situación escandalosa hace quedar en segundo plano la calidad del servicio que se otorga. Esto lejos está de significar una cuestión de confort para lxs usuarixs (cosa que no estaría mal discutir), tiene que ver con la accesibilidad de los colectivos para personas con padecimientos motrices, el hacinamiento, la falta de frecuencia, los recorridos ineficaces que nos vuelcan a tener que tomar más de un colectivo en situaciones evitables, etc. Cuestiones que repercuten a su vez en las condiciones laborales de los choferes.
¿Qué hace falta para frenar los aumentos del colectivo en la ciudad?
Las distintas aristas que se abren en el análisis de esta situación exigen que demos una respuesta integral:
Por un lado, debemos garantizar campañas amplias que permitan romper el cerco mediático y mostrarle al conjunto del pueblo que podemos hacer algo y no caer en la resignación. Para esto hace falta la unidad de la mayor amplitud de organizaciones sociales y políticas. Y cuando esto se pueda expresar en las calles (sorteando las dificultades que impone la pandemia) lograr reunir a miles. Esto no solo por la potencia que implica sino también como defensa ante las distintas formas de represión que se nos impusieron de manera reiterada.
En este sentido, lo que viene sosteniendo la campaña #NoTienenCoronita con #LosReyesDelPuerto es una plataforma que abre esa posibilidad y que debe avanzar en exponer a quienes operan como dueños de la ciudad, no solo en el puerto sino en transporte, turismo, prensa, gastronómicos, etc. Y terminar de una vez por todas con que permanezcan intocables.
De la misma forma, debemos apoyar la experiencia de los choferes que no se alinean a la UTA de Inza para poder tensionar el poder que tiene la burocracia. En Mar del Plata tenemos una imagen de los choferes como la de que son los que defienden los intereses de la patronal y que incluso eso se manifiesta en los maltratos que sufren lxs trabajadorxs de la ciudad cuando no nos para el colectivo, nos bajan por no tener cargada la sube sin siquiera dejarnos comprar un boleto arriba del mismo, conduciendo de forma imprudente, etc. La necesidad de apoyar experiencias disidentes tiene que posibilitar que haya un sector del gremio creciente que se plante contra la patronal, que defienda el transporte como un derecho para el pueblo y que maneje una solidaridad de clase que se exprese incluso en el ejercicio cotidiano del transporte.
Otra cuestión tiene que ver con la disputa en el área institucional, para que esa presión del pueblo pueda tener voz en el Consejo, ya que es conocida la respuesta del poder político local cuando se trata de favorecer a los empresarios del transporte. Todo esto debe articularse con las distintas experiencias desde abajo y apuntando a crear en la ciudad una alternativa política anticapitalista y feminista para cambiar las lógicas de una de las capitales de la desocupación en función de los intereses populares.