El próximo 30 de abril vencerá el contrato por el mantenimiento de la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, que comunica las provincias argentinas del NEA y el litoral, con Brasil y Paraguay. El llamado a una nueva licitación por parte del gobierno nacional, mediante el decreto 949/20, actualiza el debate sobre la injerencia del Estado en las rutas de navegación interna de nuestro país y, en consecuencia, sobre las condiciones de la soberanía nacional. Es que la navegación de esta cuenca fluvial permite grandes dividendos comerciales que, hoy por hoy, benefician a la empresa que maneja la hidrovía. Se vuelve fundamental que se derogue el 949/20 y el Estado recupere el control sobre la mayor ruta navegable de la Argentina.
La promulgación del decreto 949/20, el noviembre pasado, junto con la reciente designación de Leonardo Cabrera Domínguez, un conocido lobbista de una de las grandes empresas multinacionales de granos que operan en la región, como Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, ponen de relieve la necesidad de retomar el debate sobre la importancia de la cuenca fluvial y quiénes la manejan.
Desde los orígenes de nuestro país la circulación por las vías navegables fue un tema de disputa con las clases dominantes. Desde un primer momento la entonces incipiente burguesía comercial porteña pujó por hacer valer los intereses del colonialismo apoyando el bloqueo que la flota anglo-francesa dispuso y que luego fue enfrentada en 1845 en la heroica Vuelta de Obligado. Con el correr de los años, entre fines del siglo XIX y principios del XX, la economía del país fue cada vez más tendiente a la primarización y profundizando el modelo agro-exportador. Ello trajo aparejado un mayor aprovechamiento de los grandes ríos internos, con desembocadura en el Río de la Plata, como medio para transportar y comerciar los productos. Así es como entre 1949 y 1955, por ejemplo, la flota mercante nacional duplicó su utilización.
Bajo el menemato, en los 90, el manejo de las vías navegables (dragado y mantenimiento de los canales fluviales) cayó en la vorágine de las privatizaciones, al igual que tantos otros rubros de transporte hasta ese momento nacionales, como las vías férreas o Aerolíneas Argentinas. Así fue como en 1995 Menem licitó para Hidrovía S.A. el manejo de la hidrovía Paraná-Paraguay y sus afluentes. Dicha licitación duró 10 años, fue renovándose, y a partir de 2009 se prolongó hasta el 30 de abril del corriente.
Cabe destacar que esta vía navegable (hidrovía es un término acuñado por la privatización) es estratégica para la economía y el comercio: el 95 y el 80% de las importaciones y exportaciones respectivamente circulan por ella en unos 6000 barcos al año. Desde las mencionadas privatizaciones, las grandes multinacionales controlan el mantenimiento de la hidrovía, así como también han construido puertos propios para maximizar ganancias. Para tener una idea, esta ruta fluvial genera, en términos de peajes, 750 millones de dólares, siendo menos de la mitad utilizados como costos para el mantenimiento del dragado. La diferencia es una enorme suma millonaria que queda para la empresa que posee la concesión.
Es decir, este nuevo llamado a licitación por parte del gobierno de Alberto Fernández, a través de un funcionario con pasado en las multinacionales agro-exportadoras, parece ser una nueva sumisión del gobierno ante los intereses de los grupos concentrados. A diferencia del fallido intento de expropiación de la fraudulenta Vicentín, aquí solo se trata de no otorgar el manejo de los ríos a un conglomerado empresarial extranjero y que el Estado nacional se haga cargo de la administración del territorio y del aprovechamiento del comercio exterior. Y por ende, se pone en jaque, otra vez, las implicancias reales de nuestra soberanía nacional. Esto es un hecho de mucha importancia para los sectores populares y las organizaciones, si bien ha pasado de largo en la agenda de los medios. Desde muchos espacios, incluso integrantes del Frente de Todos, se cuestiona que el gobierno no avance en suspender las licitaciones y retome el control de las vías navegables desde el Estado. Algo fundamental para nuestra soberanía. No es azaroso que las empresas que compiten por el manejo de la hidrovía estén relacionadas, o en el peor de los casos sean las mismas, que especulan con los precios y generan los aumentos que venimos sufriendo hace meses, o incluso provoquen el desabastecimiento de muchos productos.
Pasando en limpio, para no poner en jaque una vez más nuestra soberanía y frenar en los hechos a las grandes corporaciones dueñas de todo, es necesario establecer una serie de medidas. En primer lugar, derogar el decreto 949 y suspender toda licitación de la cuenca Paraná-Paraguay. Al mismo tiempo es fundamental que el Estado se haga cargo del dragado, balizamiento y mantenimiento de las vías navegables, recreando una flota mercante de bandera, para que las regalías producidas por el comercio exterior engrosen las arcas del Estado en pos de una mayor redistribución de la riqueza. Por otro lado es fundamental que se ponga en funcionamiento el famoso Canal de Magdalena, en pos de optimizar el transporte de exportaciones, evitando el puerto de Montevideo.
Acompañamos a las organizaciones y sindicatos que vienen planteando estas medidas concretas y realizables, necesarias para hacer valer nuestra soberanía y cortar con la lógica privatizadora heredada de los 90.