El 11 de agosto con una actividad en la sede del sindicato de la construcción, los movimientos sociales nucleados en la UTEP, CCC y Barrios de Pie junto a Camioneros, Smata, Unión Ferroviaria y UOCRA, presentaron un plan que propone medidas políticas y económicas hacia los sectores populares para la postpandemia. Los alcances y límites del planteo.

En este momento, todos los partidos y organizaciones nos encontramos discutiendo cuáles son los ejes y políticas necesarias para salir de la situación de crisis estructural de Argentina, agravada por la crisis social y económica que generó el covid19. Desde su lugar, los movimientos sociales y sindicatos, tomando la consigna “Tierra, techo y trabajo” y, con menciones al Papa Francisco, presentaron el suyo.

Centralmente el plan, que había sido previamente entregado en mayo a Alberto Fernández por la UTEP, propone que el Estado garantice un plan de trabajo mínimo de 10 mil pesos con una carga mínima de 60 horas mensuales y la creación de empleo para 4 millones de personas. Esto implicaría 2,5% del PBI durante cuatro años. Incorporan a este esquema productivo que esos trabajos tengan un contenido social, tomando ejes históricos de los movimientos sociales como la urbanización de villas y asentamientos, y planteando ejes ligados a la agroecología (como la producción de alimentos saludables) y la necesidad de descomprimir las grandes ciudades dándole otra centralidad al trabajo y vida en el campo.

El piso que consiguieron las organizaciones sociales después de cuatro años de lucha contra Macri en términos de planes sociales, espacios de gestión y presencia en la escena política argentina, es alto. Desde ese piso de construcción política, buscan desde su perspectiva elaborar política estatal integral masiva. Sin embargo, en términos reivindicativos comienza a mostrar un límite en dos sentidos. Por un lado, la precariedad de esos trabajos que en momentos de crisis como el actual impiden a cualquier familia acercarse a la línea de la canasta básica familiar. Por otro, porque la discusión de recursos con el Estado ya no puede ser un conjunto de planes o cooperativas y cuadrillas, sino que la situación económica, social y de propio desarrollo de los movimientos sociales en Argentina hablan de necesidad de masificarlos y lograr un alcance y amplitud distinta, es decir, una modificación estructural. El efecto de la actual crisis se sabe, será catastrófico con alrededor del 50% de la población bajo la línea de la pobreza.

El movimiento popular y la necesidad de una agenda popular que afecte los intereses patronales

Consideramos que es progresivo que los movimientos sociales y sindicatos intervengan en el debate de la agenda política postpandemia y que discutan la necesidad de que el Estado sea el garante de trabajo mínimo y trabajo formal en términos masivos. Esto claro, no quita la caracterización distinta que podamos tener de cada uno de los sectores que lanzaron este plan. No son lo mismo Martínez que Grabois, pero entendemos que el debate pasa por otro lado en este caso. A su vez, el abordaje social de esa producción permite visibilizar a todo el pueblo que la creación de empleo digno en esas características es un derecho humano que deja saldos positivos para el conjunto de la población. Generar trabajo es un derecho, y el trabajo a su vez, puede generar derechos para más personas.

Hoy en día en Argentina se discuten dos variantes. Si la pospandemia es una oportunidad para discuir la redistribución de la riqueza o simplemente es una readministración de la pobreza estructural mientras un puñado sigue concentrando grandes fortunas. El documento es progresivo desde el punto de vista de generar derechos.

No obstante, propone que los recursos se extraigan de “una afectación específica” a los bienes personales, “una pequeña reforma del impuesto a las ganancias”, un aumento del impuesto a las bebidas azucaradas y un esfuerzo fiscal “adicional” del Estado Nacional. Desde Abriendo Caminos creemos que cualquier medida progresiva de derechos y aún más para los sectores más postergados, tienen que discutir como eje central de dónde se van a extraer los recursos para realizar. Desde nuestra perspectiva este programa no puede ser conquistado sin afectar los intereses de las patronales y las familias más ricas del país. El impuesto a las grandes fortunas es una batalla central en esta agenda.

A su vez, más allá de contar necesariamente con el apoyo legislativo de les diputades y senadores de estos movimientos y organizaciones, es necesario disputar la calle para ganar la discusión. La derecha viene ganando terreno y logrando instalar agenda como lo demuestran la marcha atrás en la intervención de Vicentín y el cajoneo del impuesto a las grandes riquezas. Las tensiones están también dentro de la coalición de gobierno, donde mientras algunos sectores formulan medidas progresivas para salir de la crisis, otros sectores presionan por derecha con el programa de las patronales.

Se hace necesario que los sindicatos y movimientos sociales que forman parte del plan abran la discusión al conjunto de les trabajadores de cada sector. La única garantía para que la clase trabajadora tome un plan en sus manos es siendo parte del debate para ponerle el cuerpo. La pospandemia tiene que tener a un movimiento popular articulado, con capacidad de movilización que esté dispuesto a enfrentar a la derecha y afectar los intereses patronales para obtener derechos para las grandes mayorías.

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