Hace más de 40 días que el país se encuentra en cuarentena a causa de la pandemia mundial del COVID-19, lo que profundizó una crisis económica y social que nos había dejado cuatro años de macrismo. Las distintas medidas que el gobierno anunció y tomó para contener dicha crisis se han demostrado por un lado, insuficientes y por el otro, se incumplen sistemáticamente sin ningún tipo de consecuencia, siempre en desmedro de los intereses populares. Urge en este sentido profundizar la intervención y el protagonismo popular en las importantes batallas que se vienen.
Cuando el gobierno anunció el pasado 26 de abril que la cuarentena se extendería por 15 días, todas las contradicciones que conlleva este proceso empezaron, aún lentamente, a desatarse. Por un lado no cedió a la presión de las patronales que falsamente contraponen economía a salud, cuando en realidad el único interés son sus propias ganancias, para levantar la cuarentena, pero tampoco logra frenar los despidos y las suspensiones que el mismo prohibió vía DNU – que vale aclarar, no fue una prohibición total sino que dejó abierta la posibilidad de utilizar el art. 223 bis de la LCT, que permite acordar colectivamente o individualmente suspensiones- y homologó un acuerdo entre la cúpula de la CGT y las patronales para llevar adelante suspensiones con importantes rebajas salariales, al decir popular “borrando con el codo lo que escribió con la mano”.
A su vez extiende la cuarentena, en el marco de una flexibilización en los hechos de la misma y con una expectativa social importante en que se levante, al menos, parcialmente. Según las últimas encuestas la preocupación de la sociedad en el coronavirus disminuyó de un 70% hace un mes a un 55% en la actualidad, y si bien el nivel de aprobación es muy alto, la imagen del Alberto Fernández cayó 4 puntos. Esta expectativa de salir de la cuarentena, se tensiona con el aumento de casos que se registra en los últimos días, sobre todo en los barrios más vulnerables. Las noticias de las muertes de vecines en la 1.11.14 y la 31, son apenas una muestra de lo que puede ocurrir en esos barrios si no se toman las medidas necesarias y urgentes para contener la propagación del virus.
Por otro lado, en aquel mensaje del presidente del 26 de abril se anunció la posibilidad de salidas diarias de 1 hora en un radio de 500 metros de la vivienda, cuestión que motivó una declaración conjunta entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que intentó ser un mensaje para calmar las ansiedades de la población, terminó generando malestar por la rectificación en las grandes zonas urbanas y una tensión con los gobernadores y jefe de gobierno, que no implica una situación crítica, pero sí una alerta para el gobierno del grado de coordinación que deberá tenerse para salir de la cuarentena.
La crisis social se profundiza en múltiples aspectos, que el gobierno no está pudiendo controlar ni toma las medidas contundentes y firmes que se requieren. Una expresión más de esto, es la crudeza con la que se presenta la violencia machista con 1 mujer víctima de femicidio cada 28 horas. Las distintas estrategias que se presentan desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, no parecen arrojar resultados significativos en la reducción de los casos. Ante esta situación un amplio campo de organizaciones sociales y políticas nos pronunciamos por la declaración inmediata de la emergencia en violencia machista, lo que permitiría redireccionar partidas presupuestarias para el fortalecimiento de las políticas públicas que sean una respuesta contundente a esta problemática.
En un sentido general, tampoco se ha logrado contener algunos ejes centrales para que los sectores populares puedan realizar la cuarentena, como es el aumento de los precios que pese al límite impuesto por el gobierno, continúan en aumento. Si las sanciones no alcanzan habrá que tomar medidas más radicales, para que el objetivo de frenar una escalada de precios no quede en mera intención. Más cuando se afirma que en el país la pobreza aumentó a un 50% y más de 8 millones de personas están accediendo a la IFE. En este cuadro, el gobierno procedió al pedido de renuncia de Vanoli, ex titular de la ANSES, responsable de la desorganización del cobro de jubilaciones y por ende de la exposición de miles de jubiladxs para acceder a su sustento de vida, pero por el momento queda limitado a un gesto simbólico sin el anuncio de nuevas medidas que logren paliar la situación social de la población más expuesta.
En este marco, un elemento central de estos últimos días, es que los sectores más derechistas se envalentonan y tienen base social para ir extendiendo su influencia. Después de que hace 3 semanas intentaran agitar socialmente la reducción salarial de lxs funcionarixs contraponiéndola al impuesto de las grandes riquezas, sin mayores consecuencias, la cuestión de la liberación de lxs presxs ha sido su nuevo eje. El pasado 30 de abril se hizo sentir un fuerte cacerolazo contra esta medida razonable y acorde a una política de derechos humanos, que el gobierno tomó tardíamente y sin brindar la información suficiente.
La derecha se vale de esta situación para hacer circular fake news, desinformar y aprovecharse de un eje que en el sentido común, siempre tiende a tintes conservadores. Desde los sectores y organizaciones populares debemos prestar atención y enfrentar estos movimientos, de un sector político que aunque haya sido derrotado en las urnas hace 7 meses, se encuentra al acecho, con una base social importante, y en un momento de fuerte inestabilidad e incertidumbre no es impensable que la situación decante en una acumulación de este sector.
En lo que viene el gobierno se juega dos paradas importantes para desde lo económico, continuar intentando contener la crisis múltiple que vive el país. Por un lado, hecha la oferta para la renegociación de la deuda externa, y a la espera de que el 8 de mayo los acreedores den una respuesta definitiva, el gobierno podría cerrar parcialmente un eje central. Si los bonistas proponen pequeños ajustes, es probable que el acuerdo se cierra lo que lograría evitar un default y patear el problema de la deuda, 3 años hacia adelante. El gran problema es que la Argentina estaría convalidando la deuda contraída por Macri, sin investigarla, y por ende sin la posibilidad de demostrar lo fraudulenta, ilegítima e ilegal de la misma y no pagarla. Por otro lado, el impuesto a las grandes fortunas que se discutirá estas semanas en el Congreso de la Nación, será el otro eje fuerte si efectivamente se pretende que quienes “la juntaron en pala” sean quienes paguen los costos de la crisis (ver nota de tapa).
Este escenario requiere de la mayor intervención posible de los sectores populares. El aislamiento social, no significa que las organizaciones populares no puedan y deban intervenir en un momento donde el país se encuentra discutiendo medidas importantes. Un momento sin lugar a dudas de mayor politización de la sociedad, nos obliga a ser creativxs e impulsar las medidas, campañas y ejes para inclinar la balanza a nuestro favor. En este sentido, recuperar el valor de la unidad de acción que forjamos en cuatro años de macrismo, para medidas que hay amplio acuerdo en el campo popular, más allá del apoyo o integración al gobierno: prohibición efectiva de despidos y suspensiones, investigación de la deuda, subsidio universal acorde al costo de vida para precarizadxs y desocupadxs, emergencia en violencia machista e impuesto a las grandes fortunas, nos deben encontrar en unidad para obtener conquistas reales para nuestro pueblo, y así forjar una alternativa política para transformar nuestro país en esa Argentina que soñamos.