El pasado jueves 29 de octubre recibió media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense el proyecto de expropiación de tierras para la construcción de unidades penitenciarias y alcaldías. Dentro de los lotes planificados se encuentra uno en la Ribera de Quilmes, y otros en localidades como La Matanza, Merlo y Moreno. El hecho de que tome fuerza este proyecto el mismo día que se desalojó violentamente el predio de Guernica, deja en evidencia que tierras hay de sobra y lo que falta es un debate a fondo de su utilidad. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno de la Provincia? La necesidad de una agenda popular para la salida de la crisis actual.
Panorama provincial
El proyecto que pasó a la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y propone, entre otros lugares, expropiar dos hectáreas de la Ribera quilmeña para la construcción de una alcaldía, se enmarca en el Plan de Infraestructura Penitenciaria, que pretende generar nuevas plazas a las superpobladas cárceles y comisarías bonaerenses. Este plan es una pata del anuncio realizado por Alberto Fernández (Plan de Fortalecimiento de Seguridad), a principios de septiembre, que contempla, entre otras medidas, la construcción de doce cárceles en la provincia.
El problema de la superpoblación carcelaria es histórico y fue acrecentado exponencialmente durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Según el informe de la Comisión Provincial por la Memoria (2020), en la provincia de Buenos Aires hay 51.000 personas privadas de su libertad, en cárceles, alcaldías y comisarías, alcanzando una tasa de privadxs de libertad de 294 cada 100.000 personas, muy por encima del promedio nacional (232) y casi duplicando el mundial (145).
Estas cifras son las que dejaron cuatro años de gobierno de Cambiemos: miles de personas que año a año fueron superpoblando los dispositivos bonaerenses. Una política criminal que se enfocó en saturar las calles de los barrios populares de miembros de fuerzas de seguridad y de criminalizar a lxs pobres. Con una policía bonaerense encargada de ejecutar la política represiva dirigida, garantizando el llamado “estado de excepción” y la doctrina Chocobar. Ya sea profundizando la práctica del gatillo fácil o levantando a lxs jóvenes de las barriadas en las razzias arbitrarias. No por nada el 22% de las personas privadas de libertad tiene menos de 25 años y las dos terceras partes menos de 35.
La política represiva propuesta a nivel nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza, no hizo más que incrementar el número de personas procesadas y detenidas. Las mismas fueron convalidadas por el Poder Judicial que abusó de la flagrancia (ser condenado más rápidamente), la prisión preventiva (esperar el juicio, privadx de libertad) y el juicio abreviado (firmar una condena sin tener un debate oral y público). Dejando una sobrepoblación penitenciaria superior al 100% de su capacidad, es decir una plaza por cada dos personas.
En ese marco es que el gobierno de Kicillof plantea la construcción de nuevas unidades carcelarias como política apuntada a descomprimir el hacinamiento y reducir los motines (más frecuentes en el último tiempo, sobre todo por la crisis sanitaria que desencadenó la pandemia).
Sin embargo, estos planes de aumento de las plazas no puede ser la única solución. La problemática en torno a las cárceles debe abordarse de forma integral. Es decir, abordando dos cuestiones nodales: por un lado, el rol de la policía y el poder judicial para cortar con una cadena represiva que da lugar a la excesiva reclusión de personas; y por otro lado, la política “preventiva”, que no es más que resolver la profunda situación de pobreza y marginalidad en la que se encuentran millones de personas en el conurbano. La prioridad no puede ser nuevas unidades y alcaldías, siendo que el 31% de los habitantes del conurbano son pobres, y el 9% es indigente.
¿Qué pasa en Quilmes?
La intendenta Mayra Mendoza, muy alineada con las políticas impulsadas en el palacio de gobierno platense, se ha expedido a favor de la instalación de una alcaldía en la zona del río de Quilmes. A diferencia de otros intendentes bonaerenses que públicamente se han opuesto, el gobierno de Mayra justificó el proyecto esgrimiendo que el objetivo no solo es la descompresión de las comisarías y penales sino también garantizar que lxs internxs no queden alojadxs lejos de su lugar de procedencia y así poder recibir la visita de sus familias. En ese sentido, no debemos dejar de mencionar que en la ciudad se han observado manifestaciones, propiciadas por sectores de Cambiemos, que se oponen a la “construcción de cárceles”. Con consignas tan nefastas como “queremos familias, no delincuentes”, los mismos sectores que fogonearon la “puerta giratoria” para lograr que la Provincia tenga una cantidad de personas detenidas récord y una sobrepoblación inhumana.
Quienes ejecutaron una política represiva que provocó las actuales condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad son los que ahora se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que exista una cárcel en Quilmes. Los sectores reaccionarios, identificados con JxC, abordan este debate desde una óptica hipócrita y oportunista para ganar visibilidad y desgastar al gobierno del FdT; dejando de lado las problemáticas de fondo, las cuestiones reales que encierra la cuestión.
Es cierto que la pandemia vino a acentuar el problema sanitario de las cárceles bonaerenses, pero consideramos que se requieren medidas de fondo. Una policía que deje de incorporar al sistema penal a lxs jóvenes, proyectos que limiten el uso de la prisión preventiva, la flagrancia y el juicio abreviado, que como dijimos no han hecho más que criminalizar y llenar las cárceles de personas pobres con necesidades. El resto es una frazada corta, de la construcción de nuevos espacios no se va a desprender que no se sigan llenando.
Esta decisión del gobierno bonaerense, es una muestra más de la perspectiva represiva que viene prevaleciendo en torno a la resolución de las múltiples aristas que desnuda la crisis. Por un lado, el nefasto rol de Sergio Berni que gana terreno en las decisiones que se toman, dejando atrás el perfil progresista que venía impulsando Kicillof. Tanto el poder mediático como el Poder Judicial parecen ganar terreno en la agenda pública. Resulta paradójico e indignante que el mismo día que se le dio media sanción a la expropiación de los terrenos para las cárceles, fueron desalojadas brutalmente cientos de familias de Guernica, sumado a la situación del Proyecto Artigas en Entre Ríos. Por un lado se reprime a quienes buscan un pequeño espacio donde vivir y por el otro se aprueba la construcción de espacios para vivir privado de libertad.
En síntesis, desde Abriendo Caminos entendemos que, si bien la superpoblación de las cárceles bonaerenses es un problema, la solución no reside en seguir construyendo cárceles. Este proyecto superficialmente superador, es una respuesta que solo “emparcha” el problema de fondo: el rol de “la Justicia” y el disciplinamiento de los sectores populares, la prioridad del gobierno debería estar en solucionar los problemas de acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación para revertir la crisis social. Al mismo tiempo, repudiamos a los sectores de derecha que omiten la situación de los miles de presxs que viven en pésimas condiciones y utilizan la instalación mediática de estos temas para reforzar su programa.