Por estos días se cumplió un año del inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). El aniversario ocurre cuando comienzan a sonar las alertas de una segunda ola del coronavirus y la posibilidad de un retorno a las restricciones de actividad y movilidad. El impacto sobre el movimiento popular y el pueblo ante una crisis sanitaria y económica que persiste.
El 19 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández anunciaba el inicio de una cuarentena estricta para contener la expansión de una pandemia que recién comenzaba. La decisión del gobierno estuvo fundamentada en el vaciamiento que existía en el sistema de salud, incapaz de hacer frente a un crecimiento en la circulación del virus.
La medida sanitaria, que puso por encima la salud de la población por sobre los intereses de las empresas, fue un acierto que permitió objetivamente una mejor gestión de la pandemia que otros países como Brasil o EEUU. Además, el ASPO fue acompañado de una batería de medidas como el congelamiento de tarifas, suspensión de desalojos, declaración de telcos como servicio público y la implementación del ATP y el IFE.
Sin embargo, durante los primeros meses de cuarentena, el control de la circulación quedó en manos de las fuerzas represivas que recrudecieron las detenciones arbitrarias y la represión en las barriadas, como relevó puntillosamente CORREPI y evidenció la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. A su vez, las medidas paliativas como el IFE se revelaron tardías e insuficientes. Además, se aprobó un aporte extraordinario de las grandes fortunas por única vez en diciembre.
La extensión de la cuarentena “dura” fue rechazada por la derecha de Juntos por el Cambio, que promueve movilizaciones en contra. Y, fundamentalmente, las grandes patronales que presionaron por una vuelta a la actividad sin restricciones. Por supuesto, el golpe sobre pequeños comercios y el desgaste social por el aislamiento sumada a la agitación constante de los medios de comunicación también contribuyó a ir horadando la popularidad inicial de AF y, eventualmente, impuso al gobierno el comienzo de un proceso de apertura gradual que, al día de hoy, es prácticamente total incluyendo el retorno a clases.
Es cierto que el gobierno llevó adelante una ampliación de la capacidad del sistema sanitario que permitió evitar un colapso con un número significativamente mayor de víctimas. Y que hubo una apuesta fuerte a desarrollar una campaña masiva y pública de vacunación con un despliegue importante especialmente en la Provincia de Buenos Aires.
Pero la crisis del Covid-19 no es un tema nacional, sino parte de una profunda crisis internacional. El coronavirus jaqueó a la economía mundial con una caída promedio del 10% del PBI durante 2020, millones de despidos y cierres y la implementación de medidas de restricción de la circulación de uno u otro modo. En ese contexto, las principales potencias imperialistas acaparan los insumos y vacunas necesarias para la población de todo el mundo.
Sería correcto considerar que hubo una subestimación de parte del Gobierno del alcance del virus, especialmente cuando se observa que instrumentos como el IFE y el ATP no se encuentran contemplados en un presupuesto que, por el contrario, apunta a ir reduciendo el déficit fiscal y para lograrlo ata sus expectativas al rebote de la actividad económica y el aumento de la recaudación.
Actualmente, luego de un regreso a clases presenciales sin las condiciones adecuadas, nos encontramos a las puertas de una “segunda ola”. Dentro del gobierno aspiran a poder evitar lo más posible nuevas restricciones o, en caso de tener que tomarlas, limitar su extensión con más intermitencias por el costo político y social que podría implicar de cara a las elecciones legislativas.
Pero enfrentar una segunda ola en un contexto internacional de falta de insumos y vacunas, requiere de medidas radicales para poder dar respuestas a las necesidades de las grandes mayorías. La punta del iceberg es la continuidad del impuesto a las grandes fortunas y su uso para atender el crecimiento de la pobreza. Pero, además, considerando la gran capacidad de cientificxs y trabajadorxs, se podría plantear un plan de reconversión industrial para el desarrollo de los insumos necesarios. Del mismo modo, sigue planteada la reforma del sistema de salud para su unificación bajo manos públicas así como la estatización de los servicios en manos de las concesionarias que buscan seguir sacando su tajada. Finalmente, es fundamental terminar con la especulación empresaria sobre los precios y defender aumentos paritarios por encima de la inflación.
Esta agenda debe ser impulsada en unidad por todas las organizaciones del campo popular. Por supuesto, la pandemia también impactó en ese terreno, inicialmente imponiendo un grado importante de parálisis e incertidumbre a nivel general, aunque el rol de los movimientos sociales en la primera línea en las barriadas fue indispensable para contener tanto el virus como el aumento de la carestía.
Actualmente se registran distintas movilizaciones, con mayor actividad que el año pasado, pero aún así la iniciativa en la agenda la siguen imponiendo los medios y la derecha. Sólo con un activo protagonismo popular que marque las prioridades del pueblo en esta etapa podemos construir una salida de la pandemia a favor de las grandes mayorías.