Por primera vez, desde el inicio de la pandemia, las calles del Congreso se llenaron de militantes. La jornada del Día de la Militancia, como lo fue el 17 de octubre, no fue más que la excusa para que miles salgan a pedir que la crisis no recaiga sobre el pueblo. Las tareas que plantea ese desafío.

La media sanción en Diputados al impuesto a las grandes fortunas, las modificaciones a la Ley del Manejo del Fuego y la Ley Yolanda despertaron obviamente la simpatía popular en medio de una crisis que no da respiro. Estas iniciativas, positivas, llegan tardíamente, cuando el impacto de la crisis económica provocado por la pandemia del COVID 19 aumentó la pobreza y la desocupación, que se suman a los cuatro años de macrismo, donde perdió el pueblo y ganaron los mismos de siempre. A su vez, en el caso del “Aporte Extraordinario” tiene como límites que sería un aporte por única vez y parte de su recaudación no iría necesariamente a las necesidades populares sino, por ejemplo, a la industria gasífera y petrolera.

A pesar de estos limites, su aprobación es un enorme paso adelante porque implica que los que más tienen realicen un mínimo aporte al menos, hecho que evidentemente molesta por el rechazo que plantearon empresarios y Juntos por el Cambio al proyecto.

En la misma jornada se realizó el envío del proyecto del ejecutivo para la legalización del aborto, resultado de la lucha de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y el movimiento feminista, hecho que inicia una disputa como la desarrollada en el 2018 para conquistar un derecho fundamental para todas personas con capacidad de gestar, que ha marcado la agenda política de los ultimos años en nuestro país.

En este cuadro, la aprobación del impuesto a las grandes fortunas y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, así como la pelea que comienza por la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo , son un punto de partida fundamental para que la crisis no la paguen los sectores populares.

Es justamente el rumbo inverso al desalojo y represión en Guernica, el acuerdo con el FMI, el Presupuesto 2021 y el recorte del IFE o la nueva ley previsional que de aprobarse seguirá ajustando a lxs jubiladxs. La masividad de la movilización de ayer, al igual que convocatoria anteriores, ratifican que el mandato popular plantea avanzar en un rumbo para que los más ricos sean los que pagan la estafa ejecutada por el macrismo y por una imprescindible ampliación de derechos.

Fuera el FMI, por un impuesto permanente a los grandes patrimonios destinado a atender las necesidades populares: trabajo, tierra, vivienda, salario, jubilaciones, salud.

Aborto legal YA.

Por la unidad de las organizaciones populares para que la crisis la paguen los que más tienen.

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