El Banco Provincia anunció a mediados del mes de septiembre la sanción del Protocolo de Acción Institucional para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia, Discriminación u Orientación Sexual. Este hecho importante en la lucha contra la violencia machista en los sectores de trabajo es parte de años de construcción dentro y fuera del Banco de un movimiento feminista cada vez más pujante.
Desde Abriendo Caminos conversamos con Paula Cozzi, compañera de la Comisión Gremial Interna (CGI) Seccional Buenos Aires y del Espacio de Géneros, Diversidad e Igualdad, quien nos comenta que desde su ingreso a la militancia gremial como delegada de base en el 2005 y el triunfo de la Lista 20 de Marzo al frente de esta Seccional, se han dado luchas por revertir políticas entreguistas de viejas conducciones gremiales cómplices que hacían la vista gorda con la faltante de personal y el 50% del sueldo en negro. Por otra parte, nos relata la importancia de los plenarios de delegados/as como método para contribuir a la democratización y poder impulsar estas luchas para que no queden sólo con consignas abstractas.
En el marco de esa trayectoria, el Espacio de Géneros, Diversidad e Igualdad impulsado por la CGI es una política fruto de las transformaciones en la sociedad impulsadas por la cuarta ola feminista, pero también producto de la voluntad política de impulsar reivindicaciones necesarias, en una institución casi bicentenaria que no se puede quedar atrás. En este sentido, Paula nos comenta que “se han impulsado actividades exigiendo la implementación del cupo laboral trans, así como se ha solicitado la implementación de la Ley Micaela que actualmente están llevando adelante los y las empleadas del Banco Provincia. Si bien la CGI viene acompañando también las situaciones de violencia de género desde cerca y desde hace unos años hay una asistencia en el Banco a víctimas, el protocolo significa un salto en el sentido de tomar un marco legal y un reconocimiento institucional. No sólo en la necesidad de asistir en todos los planos a las víctimas, sino también en la necesidad de prevenir y concientizar a las y los trabajadores del Banco, no menor en una institución que, desde un humilde lugar, puede llegar a ámbitos familiares, barrios y pueblos de todo el territorio provincial.”
Como menciona el comunicado de la CGI en ocasión de la aprobación del protocolo, el mismo se considera una herramienta para salir del radio de la situación violenta desde una perspectiva integral que contempla la asistencia médica, psicológica y social, así como apoyo económico y régimen especial de licencia.
Finalmente, otro elemento relevante, que no puede quedar por fuera de la discusión, es la reciente extensión de la edad jubilatoria a 65 años para todas las trabajadoras del Banco. Un retroceso en derechos y algo inédito a nivel nacional, consecuencia de la persistencia de la nefasta Ley 15.008 que se aprobó en el marco de las reformas previsionales del 2017, impulsadas por Juntos por el Cambio a nivel nacional y provincial. En este sentido, Paula nos señala: “lo perjudicial no sólo es la ampliación de la edad jubilatoria (cosa que se podría revertir de alguna manera) si no también el enorme déficit que mes a mes el Banco tiene que encarar como herencia de la ley promovida en su momento por María Eugenia Vidal. Es urgente entonces, atacar la Ley 15008 ya sea en el plano legislativo provincial (en donde no se cuenta con la mayoría para poder realizarlo) o ya sea por otros medios posibles de lucha”.
Al día de hoy y con 198 años, el Banco Provincia celebra la sanción de un protocolo fundamental en la lucha contra la violencia, la persecución y la desigualdad, pero queda claro que quedan peleas por brindar. Existe garantía de que el camino a seguir está marcado: hay que profundizar las luchas de espacios gremiales democráticos con perspectiva de género y políticas concretas.