La clase trabajadora llegó muy golpeada a 2020. En promedio, quienes tienen un trabajo registrado perdieron el 20% del poder adquisitivo de sus salarios durante el macrismo y la desocupación alcanzó los dos dígitos por primera vez desde 2006. No casualmente un 40% de nuestro pueblo y más de la mitad de lxs niñxs terminó la era Cambiemos en la pobreza.
Sobre este ya duro escenario se montó la pandemia de COVID-19 para profundizar la crisis nacional e internacional a niveles inesperados. En una economía argentina que ya arrastraba dos años de caída, se agudiza ahora la recesión: las proyecciones del Gobierno hablan de un desplome de la actividad del 6,5% en 2020 y las privadas, del 7,5%.
Frente a esta situación excepcional generada por la pandemia, la respuesta del gobierno de Alberto Fernández fue muy distinta a la que desplegaron otros gobiernos de la región, como el de Bolsonaro, o la que hubiese llevado adelante Cambiemos. La intervención del Estado volvió a asumir un lugar relevante y los primeros planes de emergencia se volcaron a morigerar el impacto de esta crisis sobre los más vulnerables: bonos para AUH y jubilaciones mínimas, ingreso familiar de emergencia, congelamiento de tarifas de servicios públicos y de alquileres, entre otras. Además, decretó la prohibición de los despidos, que se sumó a la doble indemnización, en vigencia desde comienzos de mandato, y cubrió hasta dos salarios mínimos de más de 2 millones de trabajadorxs registrados.
Sin embargo, estas medidas no impidieron que el peso de la crisis se descargue sobre la clase trabajadora. No sólo porque se evidenciaron insuficientes. También por la falta de rigor del propio Gobierno para garantizar su efectivo cumplimiento, presionado por derecha, no sólo por los grandes empresarios sino también por la propia CGT, que ofició el mismo rol entreguista que durante el macrismo. Así,se sucedieron cientos de despidos en grandes empresas, como Techint, el frigorífico Penta, Latam, Publiexpress, Ipesa y la lista sigue.
Lejos quedaron los discursos presidenciales contra los empresarios “miserables” que deberían ganar menos, y primaron acuerdos como el de la CGT y la UIA de rebajas salariales, el aval a los despidos firmados por sindicatos y patrones en el Ministerio de Trabajo (como el de Techint y la UOCRA) o la rebaja a las jubilaciones en Córdoba con el aval de casi todo el peronismo local ante el rechazo del legislador José Pihen, secretario general de la CGT local, de las CTA y 16 gremios estatales.
Como contracara de la entrega de la cúpula de la CGT vuelve a resaltar el ejemplo de la Federación Aceitera, que a fuerza de organización logró firmar a fines de abril un aumento del 25% con revisión en agosto. Al que se sumó también el SUTNA, que logró revertir el intento de suspender trabajadorxs con rebajas salariales.
¿Quién paga los costos? La necesaria unidad
En ese marco, la pobreza sigue en aumento y algunas estimaciones privadas ya la ubican cerca del 50% para este año. Y mientras lxs laburantes enfrentamos el impacto de la parálisis económica que implica la cuarentena, los grupos empresariales que amasaron enormes fortunas en los últimos cuatro años presionan para que sea el estado el que asuma sus pérdidas y los subsidie. Además, operan contra las propuestas para que sean justamente ellos quienes realicen el mayor esfuerzo en este marco, por ejemplo, a través de un impuesto a los grandes patrimonios.
Así, la agudización de la emergencia sanitaria, económica y social pone al descubierto el conflicto de fondo: ¿Quién cargará con los costos de la crisis? ¿Seremos los sectores populares, que arrastramos cuatro años de ajuste, quienes seremos llamados de nuevo a poner el hombro o les torceremos el brazo a los que se enriquecen a costa del trabajo ajeno y quieren aprovechar la emergencia para imponer reformas de hecho sobre la clase trabajadora?
Si durante las primeras semanas de la cuarentena la situación estaba contenida, la acumulación de ataques sobre lxs trabajadorxs dio lugar a conflictos abiertos. Fue el caso de les laburantes del frigorífico Penta de Quilmes, les mineros neuquinos, les obreres de Arcor, profesionales de la salud, municipales en Córdoba, entre muchos otros.
Frente al escandaloso acuerdo UIA-CGT numerosos sindicatos y corrientes sindicales se pronunciaron claramente en contra, desde el moyanismo y la Corriente Federal hasta las CTA de los Trabajadores y Autónoma, pasando también por la UTEP, FOL y las corrientes de izquierda. Lo mismo ha sucedido frente a los despidos. Incluso, muchos de estos mismos sectores se posicionaron también de forma pública a favor de un impuesto a las grandes fortunas y de la suspensión del pago de la deuda para que sean los que más tienen los que paguen y para destinar los recursos del país a los sectores más vulnerables. Es que la crisis actual es muy profunda, y no podemos seguir siendo lxs trabajadorxs quienes paguemos con nuestro esfuerzo sus consecuencias. La continuidad de medidas de aislamiento y la flexibilización para distintos sectores de la producción que hasta ahora venían restringidos, planteará aún con más fuerza la necesidad de que la clase trabajadora juegue un rol activo en defensa de sus derechos.
Para eso, es fundamental aportar a la más amplia unidad de los distintos sectores que, desde diversos campos político sindicales y siendo parte o no de la coalición gobernante, venimos planteando la perspectiva de enfrentar los despidos y el ataque al salario, defender las condiciones de trabajo conquistadas en tantos años de lucha y lograr que sean quienes vienen ganando a nuestra costa los que deban hacer un esfuerzo extraordinario para abordar esta crisis. Muchos de estos estos sectores que mencionamos más arriba ya confluimos en las calles para enfrentar el ajuste macrista y logramos derrotar la reforma laboral. Se trata de confluir en un bloque que pueda hacer frente a la embestida patronal y lograr que la salida de la crisis se dé a través de la recuperación de todo lo perdido en los últimos cuatro años y con la conquista de nuevos derechos.