La crisis sanitaria y económica que atraviesa a nuestro país comienza a traducirse en nuevos choques políticos. La reacción en tándem de las principales empresas de telecomunicación con el decreto que congela tarifas y declara servicios públicos a internet, cable y telefonía celular y las tapas de Clarín y La Nación difundiendo una noticia falsa sobre un aumento en el impuesto a las ganancias el día que se anunciaba el impuesto a las grandes fortunas, son una evidencia palmaria de esta situación.
En paralelo, las grandes patronales junto con los medios de comunicación presionan por imponer su agenda. Los sectores populares debemos articular nuestra agenda para torcerles el brazo y garantizar una salida popular a la crisis.
Entre el impuesto a las grandes fortunas y el FMI
El carácter heterogéneo y contradictorio de la coalición de gobierno se expresa con claridad en el transcurso del proceso político. Luego del acuerdo con los grandes fondos extranjeros por la deuda bajo ley extranjera, el gobierno sostenía la expectativa que vendría un período de calma.
Sin embargo, las patronales nuevamente redoblaron la apuesta para presionar por su “agenda postpandemia”: tarifazos, devaluación y el paquete de reformas previsional, tributaria y laboral. En ese contexto, el gobierno “apuró” su negociación con el FMI para acordar un nuevo plan de pagos y se prepara para presentar el presupuesto 2021 a mediados de mes. Como corolario también vendría el famoso paquete de 60 medidas para la reactivación económica.
La búsqueda por alcanzar un acuerdo con el Fondo implica necesariamente, más allá de los aplazamientos y reprogramaciones que se logren, un plan de ajuste para cumplir con las metas que reclaman el organismo y los fondos buitres, además de seguir convalidando una deuda contraída en forma ilegítima e ilegal.
En paralelo, el gobierno avanzó con la presentación de un “Aporte extraordinario solidario” que deberán realizar las personas que tengan un patrimonio superior a los 200 millones de pesos. Se estima que alcanzará a 12 mil personas y recaudará 300 mil millones de pesos aproximadamente. Con todas sus limitaciones (tales como ser por única vez o el destino de parte de lo recaudado), la iniciativa significa un paso adelante porque aporta a construir el sentido que el peso de la crisis debe recaer sobre los que más tiene, como ha venido señalando la campaña NoTienenCoronita. Esto, en un contexto de ofensiva de las patronales y movilizaciones de la derecha anticuarentena, no es menor y es una pelea que va a requerir unidad. La marcha atrás con Vicentin es una advertencia que no debe ser olvidada.
Reforma judicial y Plan San Martín
Es indudable que, si bien el sistema judicial requiere una reorganización urgente en base a otros pilares, el proyecto de reforma judicial oficial que, más precisamente, establece un reordenamiento de la Justicia federal, se encuentra muy lejos de los intereses y preocupaciones populares en un contexto de pandemia. Además, lejos de abroquelar al oficialismo, agrietó aún más sus debates internos.
Desde ese punto de vista, iniciativas como el DNU sobre telecomunicaciones o el impuesto a grandes fortunas son señales positivas que deben integrarse a una agenda general de salida popular a una crisis que araña el 50% de pobreza para la población, un 15% de desempleo y una caída del 10% del PBI.
En ese sentido, el programa promovido por UTEP por un plan de 4 millones de puestos de trabajo, como hemos señalado en un artículo anterior, sería un paso adelante pero que requiere, inevitablemente, captar los recursos necesarios de las grandes rentas, por un lado, y promover su discusión por abajo en todos los sectores de trabajadorxs, por el otro.
BID, China y los incendios
Aunque no haya contado con una gran trascendencia mediática, el gobierno viene protagonizando un choque para nada menor con los Estados Unidos alrededor de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el banco regional más grande del mundo y que es un instrumento clave para el financiamiento de los proyectos de la reconstrucción tras la pandemia.
El gobierno de Trump quiere colocar a Maurice Claver Carone, quien no oculta que su papel al frente de la entidad sería utilizar la caja para presionar por el alineamiento de los gobiernos latinoamericanos con Washington, bloquear el avance chino y redoblar su presión sobre Venezuela y Cuba.
En ese sentido, el rechazo argentino a la designación de Claver Carone es profundamente correcta. Ahora, en simultáneo a las tensiones con EEUU, el Ejecutivo de Alberto Fernández ha enviado gestos hacia China, como la prórroga de la base en Neuquén y el acuerdo para la producción y exportación de cerdos.
Desde ese punto de vista, un acuerdo en esas condiciones con el país asiático, lejos de aportar a un camino de desarrollo, de soberanía y autonomía, reforzará un modelo extractivista y de saqueo que poco y nada dejan a las poblaciones. Peor aún, los incendios forestales utilizados para el desmonte y el agronegocio son una muestra de la destrucción que estos sistemas operan sobre nuestros bienes comunes.
De halcones y palomas
En todo este cuadro de situación, la tendencia a la polarización y la grieta también encuentra una nueva división (en ambos bandos) entre “duros” y “dialoguistas”.
De ambos lados de la grieta, sus centros políticos buscan acercar consensos y “aislar” a los extremos. Son Alberto Fernández y Larreta que buscan proyectar una gobernabilidad con política de estado. En ese contexto, se habla del “núcleo duro” que representan CFK y Macri. Intensos, sí, pero “minoritarios” electoralmente.
Esta apreciación de realpolitik, fundamentada en tesis que pueden ser consideradas correctas por la ciencia política, omite un detalle: la profundidad y magnitud de la crisis. Un escenario quizás inédito que requiere medidas extraordinarias y debates necesarios sobre quién va a cargar en sus espaldas con los costos.
Lejos de querer apaciguar, la tendencia a la polarización y a los choques, a la emergencia de fenómenos a derecha e izquierda en un cuadro de enorme inestabilidad política son un elemento recurrente de este período.
Más que apostar al consenso con el centro, es necesaria la unidad del campo popular para pelear por nuestra agenda. Esa es la única garantía para avanzar.