El anuncio del gobierno nacional de intervenir Vicentin y enviar un proyecto de expropiación al Congreso nacional ha significado un salto político en la crisis nacional, revitalizando incluso la tendencia a una polarización creciente. Los desafíos para las izquierdas en este contexto.
Tras la conferencia que anunció la intervención, la reacción de las grandes patronales agrarias junto con el acompañamiento de la coalición Cambiemos y los grandes medios de comunicación contra la medida fue inmediata. Se desató una campaña macartista contra el gobierno para imponer el pánico y la confusión en los sectores populares con marchas y cacerolazos. Del otro lado, lxs trabajadorxs aceiterxs de la Algodonera Avellaneda respondieron con una movilización en defensa del pago de salarios y los puestos de trabajo, algo que parece olvidaron quienes salen ahora en nombre de la propiedad privada. A su vez, una solicitada de más de 100 sindicatos en un amplio arco representativo defendió avanzar en la estatización de la empresa. Mientras, numerosas organizaciones del campo popular se pronunciaron en el mismo sentido.
Dentro del gobierno, sin embargo, una decisión de esta magnitud en vez de devolver la iniciativa, parece haber generado incertidumbre e internas. Un sector del peronismo como Massa es reticente a una intervención de este tipo. La reunión de Alberto Fernández con Nardelli, uno de los dueños de Vicentín, con la mediación del gobernador santafesino, Omar Perotti, y la disposición a “buscar alternativas” fue una señal equivocada. Los dueños de Vicentín, responsables del vaciamiento y quebranto de la empresa, han producido un desfalco multimillonario y una defraudación al Estado con triangulación a sociedades anónimas y paraísos fiscales. La recuperación de la empresa -que es solo parcial ya que una parte del conglomerado se encuentra radicado en el extranjero- para el interés público necesariamente requiere de una expropiación sin pago y que los dueños de la empresa paguen con su patrimonio personal. Acervo que es superior a los 500 millones de dólares.
Al mismo tiempo, para que Vicentín pueda efectivamente jugar potencialmente algún papel en un plan hacia la soberanía alimentaria y el fin del hambre se requiere crear una empresa pública con participación de sus trabajadorxs y de las organizaciones de trabajadorxs de la tierra. Un proyecto que atienda los intereses populares y por tanto plantee una lógica absolutamente contraria a una integración dentro de YPF y, a su vez, marque una orientación de fuerte reorganización del modelo productivo agroexportador que hoy impera en gran parte del país. También el debate sobre Vicentín ha dejado en claro que existe un acaparamiento del comercio exterior por parte de unos pocos pulpos agroexportadores -Cargill, Dreyfus, AGD, Cofco- que debe ser también recuperado para el interés público.
Este programa, que es compartido por un amplio arco de organizaciones, debe ser el punto de partida para construir la unidad y necesaria correlación de fuerzas para avanzar en este cuadro, signado por un marco más general de ofensiva imperialista y de la derecha en la región y de una desmovilización transitoria resultado de la pandemia y las medidas de aislamiento social (que, en muchos países, han debido ser impulsados por la población frente a la desidia de los gobiernos).
Una crisis que golpea
El freno y caída de la actividad económica con la propagación del Covid-19 implica una profundización a gran escala de la crisis social que hoy impacta sobre el país. La pobreza viene creciendo mientras que millones de trabajadorxs sufren recortes salariales, despidos o suspensiones sin que el Ministerio de Trabajo garantice efectivamente el decreto que disponía su prohibición. El anuncio de Latam Chile de cerrar su filial local y dejar 1.700 trabajadorxs en la calle es un anticipo de un panorama que tenderá a agravarse. Al mismo tiempo, el gobierno nacional no ha realizado ninguna oferta salarial a trabajadorxs estatales y, más grave, ha planteado el desdoblamiento del pago del aguinaldo en cuotas para las categorías más altas. Si bien esto afecta a un sector relativamente pequeño de la planta estatal, a causa de los bajos salarios en el estado, no deja de afectar a trabajadores que perciben 80 mil pesos de salario, prácticamente una canasta básica familiar. También se sigue demorando el pago de la segunda cuota del IFE, ya de por sí muy reducida. Por el contrario, el impuesto a las grandes fortunas se mantiene como un reclamo de amplios sectores pero sigue sin concretarse un proyecto legislativo oficial y su tratamiento en el Congreso.
Mientras se demora una medida que grave a quienes ostentan a miles de millones de dólares, el gobierno realiza demasiados esfuerzos en alcanzar un acuerdo con los fondos de inversión liderados por BlackRock. El CEO, Larry Fink, un “demócrata” que aboga por un “capitalismo más humano”, ha logrado torcer el brazo de Guzmán hasta aumentar su propuesta hasta casi 50 centavos por bono, mientras hoy se encuentra prácticamente a la mitad de ese valor. En cada nueva oferta oficial fueron incorporándose entre 5 mil y 10 mil millones de dólares más y para agravar la situación, se contempla entregar un cupón atado al rendimiento de las exportaciones. Es un negocio fabuloso para unos pocos en medio de una profunda crisis internacional y, además, sobre la base de una deuda ilegítima y fraudulenta. En las ultimas horas el gobierno planteó que no realizaría más modificaciones a la oferta realizada (que ya había retrocedido fuertemente en la quita de intereses), peligrando así llegar a un acuerdo y abriendo la posibilidad de un ingreso del país en un default, que en estas condiciones después de un largo camino de renegociación, seria una derrota para el gobierno. Sin embargo, la caída del acuerdo permitiría visualizar otros escenarios y explorar medidas alternativas para salir de la crisis, entre ellas la investigación de esa deuda fraudulenta así como de la fuga de dólares ocurrida en los últimos cuatro años. Vale también señalar que, alcanzando un acuerdo con los fondos de inversión, el gobierno todavía debe sortear la parte de la deuda con el FMI. La renegociación comienza a convertirse en un largo peregrinaje sin buenos resultados. Al revés, la cesación de pagos y la investigación de esa deuda fraudulenta daría argumentos de peso al país para avanzar en la recuperación de nuestra soberanía.
Cerca del pico
Todo esto transcurre cuando comienza a acelerarse la curva de contagios y hay serias advertencias que el sistema de salud podría colapsar en un mes si el ritmo se mantiene o sigue aumentando. A tres meses de iniciado el aislamiento social obligatorio, sin duda esta fue una medida efectiva para contener la propagación del virus y evitar un costo de vidas mucho mayor. Sin embargo, la presión de las patronales ha impuesto una creciente flexibilización en los hechos. La UIA reivindicó que más del 90 por ciento de las empresas están funcionando. Mientras tanto, el virus golpea y afecta en los sectores populares principalmente del AMBA pero también de otros distritos que no tienen acceso a una vivienda digna o a servicios básicos. A lo que se suma el recrudecimiento de las situaciones represivas, comenzando con la desaparición forzada y asesinato del trabajador rural tucumano, Luis Espinoza, y la represión a los Qom en Chaco. El gobierno nacional repudió los hechos, pero ha aportado su propia cuota. Contradictoriamente, luego de que la interventora de la AFI, Graciela Caamaño, diera a conocer el espionaje masivo sobre periodistas y políticos bajo el macrismo, el Ministerio de Seguridad reglamentó en el Boletín Oficial el ciberpatrullaje, medida que fue repudiada por organismos de DDHH y antirrepresivos. Asimismo, se mantiene el enfrentamiento Berni-Frederic, en realidad, la embestida de este funcionario fascistoide sin una respuesta política de parte del FdT.
Otro aspecto que se ha recrudecido en estos tres meses es la violencia machista con casi un femicidio por día mientras se siguen registrando crímenes de odio contra gays, lesbianas, travestis, trans y no binaries. La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ha sido un paso positivo resultado del avance del movimiento feminista, pero no ha sido acompañado de la dotación de recursos suficientes y las respuestas hasta el momento han sido escasas. La aplicación de la emergencia en violencia machista acompañada por un plan con presupuesto efectivo es una necesidad urgente, al igual que el impulso a una ley de inclusión integral trans.
Les trabajadores de la salud, a su vez, registran ya numerosas muertes por Covid-19 y son uno de los sectores más afectados en la primera línea, sin respuesta a sus reclamos contra la precarización o por más presupuesto y mejores condiciones de trabajo. La salud privada, en tanto, sigue sin ser afectada, como si no hubiera una pandemia nacional. El anuncio del gobernador Kicillof de entregar 400 millones a clínicas prestadoras del IOMA es un parche cuando en realidad esos recursos deberían destinarse a reforzar un sistema estatal público de salud que debiera absorber a todo el sistema privado y unificar con los distintos niveles.
Una pulseada de fondo
Retomando el inicio, Vicentin se coloca así en el centro de una disputa más grande en un cuadro de crisis profunda. El desenlace de esa pelea definirá también en gran medida el rumbo que se tome para la llamada “post pandemia” que traerá un fuerte agravamiento de las necesidades populares. Es indudable que la cabeza del gobierno, Alberto Fernández, viene siendo su expresión más moderada e, incluso, vacilante frente a una derecha que no duda en arremeter con su agenda contra el pueblo. Los sectores populares, muchos de los cuales depositan sus expectativas y apoyo en el FdT, debemos impulsar la unidad de acción para que el resultado de Vicentín sea un paso hacia que la crisis la paguen los que más tienen y no al revés. No compartimos, desde ese punto de vista, la visión del FIT-Unidad y otros sectores de las izquierdas, que rechazan el anuncio oficial y han centrado su intervención en la delimitación con el gobierno desconociendo en los hechos la disputa que se está desarrollando. En ese sentido, creemos importante realizar un balance de experiencias anteriores como YPF, en las intervenciones que hemos articulado las organizaciones de izquierda, no solo no contribuyeron a construir un curso positivo, sino que, en el desarrollo de la dinámica política posterior la capitalización de la crisis política fue por derecha con el triunfo de Cambiemos, que se tradujo en cuatro años de grandes penurias populares. El gobierno de Cambiemos reconfiguró el mapa político, pero también las subjetividades de amplios sectores de la sociedad y no reconocer esto y actuar en consecuencia, apelando a las respuestas ya dadas en otras circunstancias, es un error que como organizaciones populares no nos podemos permitir.
Desde Abriendo Caminos, por el contrario, creemos fundamental tomar este piso y esta disputa para dar una batalla a fondo contra la derecha que intenta avanzar y en ese camino transitar una experiencia que permita desarrollar la radicalización de amplios sectores populares por una salida de fondo, una experiencia de unidad de acción basada en un programa de reivindicaciones concretas. Apostamos a esa lucha y a la derrota de los sectores más reaccionarios a partir de impulsar una plataforma amplia de reclamos, y que esta experiencia y su radicalización sea la forma para fortalecer una izquierda anticapitalista y feminista en nuestro país y en América Latina.