El desplazamiento de Guillermo Nielsen al frente de la petrolera de mayoría estatal, el debate por el aumento de los servicios y la suba del costo de vida impactan en la proyectada recuperación económica. Y condicionan las negociaciones del Gobierno con el FMI. Nuestros salarios y reivindicaciones en esta puja.
A pesar de la extensión de las sesiones extraordinarias, las primeras semanas de enero tuvieron al Congreso parado. Recién la semana próxima, la Cámara baja sesionará con un temario acotado en acuerdo con los bloques mayoritarios que incluiría la actualización del monotributo, el proyecto de sostenibilidad de la deuda y la situación de los biocombustibles.
En ese cuadro, el comienzo del año estuvo marcado, por un lado, por el rebrote de casos de Covid y, por otro, por una serie de temas de la agenda económica. El oficialismo apuesta a un 2021 con una recuperación de piso del 5,5% y en el Presupuesto para este año había prescindido de instrumentos como el IFE o el ATP o de partidas extraordinarias para el sistema de salud. Esto último se está recalculando ante la evidencia que al menos el primer semestre, la actividad seguirá afectada aunque sea parcialmente por la continuidad de la pandemia.
De todos modos, el Gobierno no observa margen para un retorno a medidas de restricción de la movilidad y aspira a un equilibrio entre la ampliación de la capacidad del sistema de salud, la implementación de protocolos y la campaña de vacunación que tiene una primera fase con la sputnik en enero y febrero y en abril se modificaría con la llegada de las dosis de Oxford-Astrazeneca.
Nielsen e YPF
El dato más relevante en materia económica del último tiempo es la salida de Nielsen al frente de YPF, una de las principales empresas del país y del sector. La petrolera mantiene una deuda con acreedores privados superior a los 6 mil millones de dólares, lo que agrega una fuerte presión a la divisa y que por ese motivo intentó reestructurar los últimos meses. El gobierno necesita mantener la estabilidad cambiaria y recomponer las reservas del BCRA. Para este objetivo, apuesta a que lo favorezca la liquidación de la cosecha del agro que registra un nuevo pico en los precios.
El reemplazo de Nielsen sería Pablo González, una persona más afín al kirchnerismo, aunque no está claro cuál es el plan y la propuesta de modelo para petrolera estatal. El emblema de Vaca Muerta como corazón de un reactivación económica se encuentra lejos de un desarrollo para las grandes mayorías.
Pero la situación con YPF no es solamente la reestructuración de su pasivo en dólares: la petrolera viene en una seguidilla de aumentos de precios (seis desde agosto) que impactan directamente como una espiral inflacionaria por la suba en los costos del transporte de las mercancías. El Gobierno proyecta una inflación en torno al 30% para este año, pero las consultoras privadas estiman un 50% y en los últimos meses se refleja una tendencia sostenida al alza, especialmente en el rubro de los alimentos como la carne (mientras se “descongelan” los precios cuidados). En estas semanas, el Gobierno también enfrentó un lock out de la Mesa de Enlace y cedió en el cierre de las exportaciones de maíz para contener los precios internos.
Tarifas y FMI
En este contexto, al oficialismo se le agrega otro tema delicado: el debate por la reactualización de las tarifas de los servicios luego del congelamiento del año pasado. Originalmente el Ministerio de Economía aspiraba a implementar una suba general del 32%, pero esta medida se encuentra en revisión resultado de las tensiones internas del Frente de Todos. Un sector del kirchnerismo plantea que no aumenten más del 9% en los sectores más vulnerables, lo que obligaría a mantener los subsidios. Como en YPF, en la secretaría de Energía, recientemente desembarcó Darío Martínez, de mayor afinidad con los planteos de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, la reciente venta de Edenor de Midlin a Vila pone un alerta de un nuevo negocio de estos empresarios a costa de las necesidades populares. Los servicios no pueden ser una mercancía.
Esta discusión repercute en las negociaciones que Guzmán mantiene con el FMI para reprogramar la deuda de 45 mil millones de dólares con el organismo bajo la modalidad del Programa de Facilidades Extendidas. El titular del Palacio de Hacienda quiere mostrar al organismo que hay un sendero de reducción del gasto público, pero esto colisiona con las chances del Frente de Todos en las elecciones de
medio término e incluso con quienes consideran, dentro del propio oficialismo, que no hay que ajustar a costa de la deuda contraída por Macri y el FMI.
Salarios y reivindicaciones
Como se ve, el alcance de la crisis y la heterogeneidad dentro del Frente de Todos ponen un signo de duda o pregunta a las afirmaciones que ven giros o tendencias definidas a la ortodoxia en forma irrefrenable e irreversible. Por el contrario, la marcha de la pandemia y su retroalimentación con la coyuntura económica pueden producir distintos desenlaces y reordenamientos políticos que todavía están en desarrollo y que exigen intervenir en ese proceso con una agenda popular.
En esa puja entre precios, tarifas y salarios, la huelga aceitera y de recibidores de granos marcó un antecedente para las próximas negociaciones paritarias por un salario minimo igual a la canasta familiar. Por otro lado, el planteo de retorno a clases presenciales por parte de los gobiernos de todos los niveles sin planes de vacunación a docentes y con mucha incertidumbre en la comunidad educativa puede desplegar un conflicto o foco de tensión contra las fuertes presenciales a un regreso a un funcionamiento 100% presencial para el cual no hay condiciones.
Resulta llamativo sí que, luego de adoptar medidas sumamente positivas cono la reglamentación del derecho al aborto o una tarifa social en las telecomunicaciones, no se haya avanzado en reglamentar una medida tan urgente como el impuesto a las grandes fortunas, aprobado -tardíamente- hace ya más de un mes.
Como salida a la crisis económica, no es solo urgente su implementación y recaudación, sino que vista la continuidad de la pandemia, es necesario su extensión y dotarlo de un carácter permanente. Del mismo modo que la prioridad debe ser la defensa del salario, jubilaciones, trabajo y vivienda y no las metas del FMI para pagar una estafa engendrada por ese organismo con el Gobierno de Macri.