Durante los últimos día se viene desarrollando una intensa campaña mediática contra las tomas de tierras con un pedido abierto de represión que también dejó de manifiesto profundas diferencias al interior del Frente de Todos. Ceder a la presión empresaria en “defensa de la propiedad privada” sólo profundizará más una crisis estructural.
El déficit habitacional es un problema estructural de nuestro país desde hace muchos años, siendo el territorio bonaerense uno de los lugares donde la falta de acceso a la vivienda digna más se expresa, y sobre todo en los últimos cuatro años. Pero la crisis desatada por la pandemia, la pérdida de trabajos, del ingreso, ha agudizado esta problemática. Se estima que desde el inicio del aislamiento social, se realizaron cerca de 3000 ocupaciones, algunas que involucran a 2.500 familias para dimensionar su mangitud.
Ante esta problemática, la burguesía tomó nota y, como parte de su “agenda postpandemia”, el reclamo para avanzar “con las topadoras” contra los ocupantes de esos predios se convirtió en una punta de lanza para imponer una salida represiva a la crisis.
Dentro del Frente de Todos, inicialmente se contrapusieron dos posiciones: por un lado, Massa y Berni como voceros “antitomas” y Kicillof-Frederic con una lectura diferente. Sin embargo, los intendentes de la Tercera se plegaron al reclamo represivo y fue tal presión que los propios Kicillof y Frederic se tuvieron que retractar, palabra presidencial de por medio en el mismo sentido durante su entrevista en TN. Así, sectores del FDT como el Movimiento Evita o MTE (por mencionar sólo dos) quedaron aislados en su defensa del derecho a la tierra. Por fuera de estos movimientos y organizaciones, solamente la izquierda apoyó esta lucha.
Imposibilidad de acceso a la vivienda digna.
El déficit habitacional tiene dos grandes aristas: por un lado, la imposibilidad de acceso a la vivienda propia de millones de personas (agravado los últimos meses) y por otro lado, y como consecuencia, se expresa en la proliferación de asentamientos.
Se estima que en todo el territorio nacional existen más de 4400 barrios populares, en los cuales viven 4 millones de personas, 935 mil familias. En la provincia de Buenos Aires hay unos 1700 barrios populares donde viven unas 420 mil familias. Según el último informe del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), de esos 1700, unos 700 son considerados villas y el resto son asentamientos, cuyas condiciones de precariedad son mayores. Solo repartidos entre los 24 distritos del conurbano bonaerense hay unos 1200 barrios. Solo en La Matanza, donde viven cerca de 2 millones de personas, se registran 115 barrios, Almirante Brown unos 78, Florencia Varela 66, Quilmes 65, etc.
El problema habitacional es palpable al observar las millones de personas que viven en situación de precariedad en los barrios populares donde el acceso a los servicios básicos es muy limitado. A esto se le suma el hecho de que por consecuencia de la pandemia y la caída de la economía, casi el 50% de las personas que alquila una vivienda tuvo problemas para seguir haciéndolo, ya que el 68% de los inquilinos vieron reducidos sus ingresos o directamente dejaron de percibir.
La falta de acceso a la vivienda propia es una cuestión central: en el 2010, el porcentaje de inquilinos era del 16% y hoy es cercano al 20%.
La combinación de la situación estructural junto con la crisis actual da como resultado que un enorme número de personas se encuentren literalmente en la calle y se vean en la trágica situación de tener que tomar terrenos desocupados, instalarse allí de forma muy precaria, como única solución.
No es azaroso que sea el conurbano donde más se visualiza esta problemática, ya que es de los distritos más castigados por la crisis económica de los últimos años, agravados los últimos meses. En el último año, se estima que 500 mil nuevas personas deben ser consideradas como pobres, siendo cerca del 40%, 4 puntos por encima del resto del país y 25 puntos por encima de CABA. Ante esta situación, la implementación del IFE es realmente insuficiente. Si bien cerca de 1.300.000 habitantes del Gran Buenos Aires percibe el Ingreso, el monto de $10 mil no es suficiente para las familias que deben pagar un alquiler.
¿Y los countries y barrios privados?
Pero todo el déficit habitacional no es más que una muestra parcial que no se limita meramente a la falta de ingresos o de acceso al crédito. La distribución de la tierra es estructuralmente desigual. Mientras los medios hegemonicos señalan a las familias que, en medio del frío, montan unas chapas para tener un pedazo de tierra, se oculta que son ellos los verdaderos usuarpados, quiénes acaparan el suelo para fines de especulación inmobiliaria que refuerza la expulsión de los sectores populares.
Se indignan y difunden avisos de “punteros” que usan tierras ocupadas para revender. Es comprensible: para ellos, solo los empresarios pueden especular y hacer ganancias con el acceso a la tierra, nadie más.
Derecho a la tierra es derrotar a la derecha
A la luz de esta situación, la respuesta mayoritaria del Frente de Todos fue ceder a la presión de la derecha. Massa tomó la iniciativa con la propuesta de quitarles los programas de asistencia social a ocupantes. Berni aprovechó y se sumó para remarcar que “la propiedad privada es sagrada”. En esa clave también se ha expresado la ministra de Habitat y Vivienda, María Eugenia Bielsa, que consideró la toma de tierras responde más “a cuestiones delictivas más que a problemáticas reales”. Frederic, Kicillof y AF junto con los intendentes recitaron el mismo libreto. Ninguna respuesta concreta al problema de un derecho tan urgente como la vivienda. Y la derecha de Juntos por el Cambio, contenta.
En forma saludable, organizaciones que se encuentran dentro del Frente de Todos repudiaron esta orientación y buscaron evidenciar la verdadera situación de distribución profundamente desigual e injusta que existe en nuestro país, al igual que lo hicieron organizaciones de izquierda.
Desde Abriendo Caminos, en primer lugar, repudiamos la represión como respuesta inmediata a la problemática de la toma de tierras y cualquier pronunciamiento de criminalización al respecto. Esa salida es completamente opuesta a la un enfoque popular que requiere respuesta de fondo.
El Estado debe garantizar hogares transitorios con acceso a los servicios básicos y planes de vivienda con acceso a créditos blandos financiados por la banca que ha tenido ganancias ultramillonarias las últimas dos décadas.
También valoramos el planteo que realizan los movimientos sociales que proponen la descentralización del AMBA bajo un plan de construcción de viviendas que, además de brindar la posibilidad de acceder a viviendas dignas, genere millones de puestos de trabajo. Es fundamental que la salida a la dura crisis actual sea con una agenda popular, donde los intereses de las grandes mayorías estén por sobre todas las cosas.
No a la criminalización de lxs que no tienen a donde vivir.
¡Que la crisis la paguen los verdaderos usurpados con su patrimonio!